Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
Transcript:
Hello. This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-EL Salvador report. This week’s report is on the continuing violence in the country and public reaction to it. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
El Salvador sufre una ola de criminalidad que aumentó más el 20 de junio, cuando se quemó un microbús con todos sus pasajeros, siniestro llevado a cabo por supuestos pandilleros. Un sondeo de Opinión Pública muestra que el 97% de la población se siente muy afectada por el aumento de la delincuencia en los últimos días. Hay cuatro causas de su angustia: “lo que ve en las noticias” (18%); “la falta de trabajo” (17%), “la incompetencia del Gabinete de Seguridad” (17%) y ” una gran inseguridad” (17%). Otras causas de la delincuencia son: la pobreza (5%), porque las maras se han proliferado (5%) o la falta de fe y valores (casi el 3.5%), según la encuesta.
Se les preguntó a los salvadoreños cuál consideran que es la solución a la delincuencia; y se exige mano de hierro en contra de las pandillas. Más del 37% cree que es necesario aplicar “leyes estrictas, más duras y sin impunidad para nadie, menores inclusive”. Los salvadoreños creen que los menores deben recibir penas fuertes si cometen delitos graves. Hubo un fuerte debate por las leyes propuestas por los diputados; al final, modificaron la ley para elevar penas aunque no nivelarlas con las de los adultos.
En el segundo lugar de las soluciones propuestas, un 23% de los salvadoreños pide la pena de muerte. Un 14% exige que “los cuerpos de seguridad estén pendientes” para detener la criminalidad. Los salvadoreños apoyan los esfuerzos del Ejército, que refuerza la Policía Nacional Civil y controla los centros penitenciarios y aprueban la reacción de la Policía Nacional ante la quema del microbús al capturar a los sospechosos, pero el 62% de encuestados cree que se debe cambiar las cabezas del Gabinete de Seguridad. Otras soluciones, de menos popularidad, son “solucionar el problema de la desintegración familiar (5%), mejorar la educación en el país (2%) o ser más estrictos en colegios y escuelas (un poco más del 1%).
LEY ANTIMARAS
El Ejecutivo y la oposición se han unido para hacerle frente a la delincuencia mediante una Ley Antipandillas. La población está de acuerdo: un 80% de los entrevistados está a favor de que las pandillas sean clasificadas como crimen organizado, tal como quiere el Gabinete de Seguridad con el anteproyecto presentado hace poco a los diputados. El 55% de la población piensa que las maras están directamente relacionadas con el hampa. El 17% no ve a las maras como crimen organizado, y un 45% de este grupo considera que el hampa son “personas mayores” mientras que las pandillas son “muchachos”. La gran mayoría (82%) de los salvadoreños cree que los pandilleros deben ser juzgados como crimen organizado, como se hace en otros países, incluyendo Estados Unidos. Los entrevistados también creen en su mayoría que Estados Unidos podría ser un aliado importante en la lucha contra el crimen y ya está colaborando Estados Unidos en contra de los hampones.
CONDENA de la BARBARIE
El 99% de los entrevistados por Opinión Pública condenó la quema del microbús de la Ruta 47, atentado en el cual murieron 16 personas en el acto y tienen un alto nivel de quemaduras algunos de los 30 pasajeros que esa noche regresaban a sus hogares en Mejicanos. Más del 52% considera que las maras y pandillas son responsables del crimen, que intranquilizó a la sociedad y trascendió internacionalmente por la manera cruel en que se actuó. El Ministerio Público ha acusado del siniestro a cinco adultos y un menor, y hay un proceso judicial en marcha.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se ha declarado en desacuerdo con la propuesta de la Ley Antipandillas que dio a conocer ahora el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Entre las quejas está la de que tiene poca fuerza y efectividad porque no incluye sanciones. ANEP opina que lo propuesto “no se abona en nada a los esfuerzos que se pretenden para el combate a las pandillas, ya que las prohibiciones que hace ya están en el marco legal vigente”. Raúl Melara, director ejecutivo de la ANEP dijo que el descontrol de las pandillas debe afrontarse con represión y con medidas de castigo para que no continúe. Este grupo empresarial pondrá a disposición de las familias de las víctimas que murieron incineradas unos abogados querellantes, ayudando así a colaborar en el proceso penal.
This has been Kathleen March with WERU’s US-EL Salvador report. Our report was on the continuing violence in the country and public reaction to it. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.