Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we have an update on the 1989 case of the assassinated Jesuit priests. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El líder de la iglesia católica de El Salvador afirma que los familiares de los jesuitas asesinados tienen el derecho de saber quiénes fueron los autores de la masacre en noviembre de 1989. Monseñor José Luis Escobar Alas apoya la orden de detención del juez de la Audiencia Nacional de España contra los jefes militares y soldados rasos involucrados, pero recordó que hay una Ley de Amnistía que favoreció a los militares y guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1980 y 1992. “Nosotros hemos ya perdonado, lo mismo los padres jesuitas ya han perdonado, pero eso no significa que nos opongamos a que se esclarezca y que se conozca la verdad”, argumentó Escobar Alas. Hace poco un representante de los militares pidió a la Policía Nacional Civil que ejecutara la orden de detención enviada por la Policia Internacional (Interpol). El Salvador ya recibió la orden de España para capturar a 13 de los militares salvadoreños, incluyendo un ex ministro de Defensa.
Los familiares de los jesuitas asesinados presentaron una demanda judicial en España en contra de 20 militares, algunos de los cuales residen en los Estados Unidos, otros en El Salvador. René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor cuando la masacre, falleció este año.
Un comando del batallón Atlacatl ejecutó a los teólogos Ignacio Ellacuría, Amado López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. También fueron asesinadas la empleada doméstica Elba Julia Ramos y su hija Celina.
El portavoz de la Oficina para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, William Ostick, dijo: “Seguimos monitoreando el caso muy de cerca, no podemos comentar detalles … pero estamos trabajando con el Departamento de Justicia para asegurarnos de que cualquier solicitud de ayuda sea recibida con la consideración apropiada.”
En julio un grupo de cuatro senadores demócratas enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo la ayuda del gobierno de Obama para llevar ante la justicia a los acusados de la matanza. En su carta los senadores le dicen a Clinton que las investigaciones sobre el Caso Jesuitas indican que varios de los acusados recibieron adiestramiento militar en Estados Unidos, en Fort Benning, Georgia. Se refieren al Batallón Atlacatl. “Solicitamos que usted realice todos los esfuerzos posibles que aseguren que los Estados Unidos coopera completamente en los procesos legales pendientes, proveyendo cualquier información relevante u otro tipo de asistencia para la localización de uno de los individuos acusados, quien podría estar residiendo en los Estados Unidos”, señala la carta.
El caso fue llevado por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad, de California, y la Asociación Española para los Derechos Humanos, ante la Audiencia Nacional de España, hace tres años. Según Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es lógico que los militares quieran defenderse y que recurran a diversos recursos para evitar la detención. Eduardo Cardoza, también representante legal de los militares, aseguró que “todos estos señores fueron juzgados aquí y fueron sobreseídos definitivamente y es un principio universal de que nadie puede ser juzgado ni capturado por los mismos hechos dos veces”.
En 1991 se procesó a nueve militares por el caso de los jesuitas, aunque sólo dos de los nueve – el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza – fueron encontrados culpables, pero la Ley de Amnistía los benefició dos años después. La Ley fue promulgada en 1993 por el presidente Cristiani de ARENA. Protege a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, sean militares o guerrilleros.
En mayo el juez español Eloy Velasco decretó el procesamiento de los militares a los que se acusa de asesinatos terroristas, y ordenó su busca y captura internacional así como su envío a prisión provisional comunicada y sin fianza. En julio los defensores de seis de los veinte militares salvadoreños procesados en España presentaron un “hábeas corpus” ante la orden de detención provisional dictada por la Audiencia Nacional; dicen que la libertad “individual” de sus clientes está siendo amenazada.
Miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró. También fueron asesinados otros dos sacerdotes españoles, Armando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
El arzobispo también ha pedido que el Estado salvadoreño esclarezca la muerte del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en San Salvador. “Pedimos justicia al país … , y siempre lo hemos pedido y estamos deseosos de que se conozca la verdad y que se haga justicia por supuesto”, expresó Alas. Romero fue el más ferviente defensor de los más pobres y necesitados en El Salvador. Aunque su proceso de santificación aún está siendo estudiado en el Vaticano muchos lo llaman ya “San Romero de América”.
This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we provided an update on the 1989 case of the assassinated Jesuit priests. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.