U.S./El Salvador Report 2/11/12

Producer/Host: Kathleen March
Transcript:

This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we note that one of the accused in the 1989 assassination of six Jesuit priests has been charged in Boston. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Inocente Orlando Montano, uno de los militares acusados del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y sus dos colaboradoras, fue acusado de varios cargos en Boston. Si es condenado, podría recibir hasta 40 años de cárcel. Se dice que ha violado la ley migratoria de Estados Unidos, con declaraciones falsas y delitos de perjurio en cuanto a su estatus migratorio. Vive en Boston desde hace diez años.
Montano tiene 69 años. Durante la guerra civil (1980-1992) fue coronel y viceministro de Defensa de El Salvador. Las autoridades migratorias y de seguridad de Estados Unidos descubrieron que había negado su participación en la institución de su país y el haber sido entrenado en el uso de armas durante la guerra.
Montano ya había sido condenado a libertad vigilada el pasado agosto, por hacer declaraciones falsas y mentir ante las autoridades estadounidenses. Ya ha sido acusado por la Audiencia Nacional de España en el proceso del juez Eloy Velasco, quien en 2011 emitió una orden internacional de captura para él y otros 19 militares acusados de la masacre. Sin embargo, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, ha dicho que las autoridades salvadoreñas no permitirán la extradición de los militares.
La semana pasada la Corte Suprema citó a los acusados por la justicia española con el objetivo de escuchar sus testimonios antes de anunciar su decisión. Entre los siete militares que no han sido requeridos por España está René Emilio Ponce, por haber fallecido. Tampoco está Montano, por estar todavía en el trámite judicial en los Estados Unidos, que ha recibido la petición de extradición la justicia española. Hay cinco militares más. Se cree que uno está en Estados Unidos y los demás o están en lugar desconocido o están colaborando con el juez.
El informe de la Comisión de la Verdad identifica a Montano y a otros militares como responsables de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de ésta. El texto del documento de la Comisión de la Verdad afirma: “El entonces Coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano, y el Coronel Francisco Elena Fuentes, dio al Coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al Sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Para ello dispuso la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos días antes se había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes”. Gilberto Rubio Rubio , Oscar Alberto León Linares, Manuel Antonio Rivas, Nelson Iván López y López y Rodolfo Antonio Parker Soto (actual secretario general del Partido de la Esperanza), pertenecen al grupo de los que ocultaron la verdad sobre la masacre según la comisión de la ONU que investigó los crímenes de la guerra salvadoreña.
El Caso Jesuitas, iniciado por la querella ante la Audiencia Nacional de España, podría depender de que Estados Unidos conceda la extradición de Montano a ese país, si la Corte Suprema de El Salvador se niega a entregar a los otros acusados.
Se dice que Montano mintió al ocultar su pasado militar en El Salvador en el formulario para conseguir un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El TPS permite a los extranjeros vivir en Estados Unidos si declaran que su seguridad no está garantizada en su país de origen, por guerra, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Los solicitantes deben informar sobre su pasado como miembros de las fuerzas de seguridad. Montano fue viceministro de Seguridad Pública hacia el final de la guerra civil y durante un período breve posteriormente.
Además de 40 años de cárcel, Montano podría tener que pagar una multa de 1 millón 250 mil dólares y después sería deportado a El Salvador. Fue detenido por las autoridades migratorias en agosto de 2010; en diciembre de 2011 fue acusado por el tribunal de Massachusetts. Se declaró inocente el 11 de enero de 2012 del delito de perjurio. Montano ocultó su pasado militar en El Salvador para conseguir el TPS; omitió que él fue Viceministro de Defensa. Al comienzo, Montano pensó en declararse culpable.
Después de la presentación de cargos por el jurado de investigación, el caso se presentará a juicio; aún no hay fecha concreta. El cargo de perjurio se debe a que Montano fue miembro del grupo militar conocido como “La Tandona”, lo que negó en su solicitud.
La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we reported that one of the accused in the 1989 assassination of six Jesuit priests has been charged in Boston. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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