Producer/Host: Kathleen March
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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic is the recent international mining conference. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (La Mesa) organizaron la Conferencia Internacional “Minería de Oro y la Defensa del Agua en El Salvador” en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Los objetivos: ampliar el debate público sobre la minería metálica y los impactos en el agua, y apoyar a las comunidades salvadoreñas en la lucha contra la reapropiación de sus tierras.
Los temas fueron: las perspectivas legislativas para la prohibición de la minería metálica; el proyecto minero Cerro Blanco; Río San Sebastián y la contaminación por la extracción de oro; el conflicto con dos empresas mineras en el marco de los Tratados Internacionales de Comercio. Se habló del daño a la salud de las comunidades y los ecosistemas, la impunidad ambiental y los derechos humanos. La conferencia fue apoyada por OXFAM América, Proyecto Planeta Azul, Mining Watch Canadá y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, defensoras del agua y la justicia social y ambiental.
El Salvador es el único país de la región del triángulo norte que ha detenido la explotación minera con la posibilidad de aprobar una ley que prohíba la minería metálica y regule la no metálica de forma adecuada. Honduras y Guatemala favorecen los intereses mineros. Honduras aprobó 550 proyectos, 12 de ellos en la frontera. En El Salvador hay más de 70 proyectos de extracción esperando permisos.
La Mesa pidió solidaridad con los indígenas, especialmente los de Guatemala, donde cuatro municipios están en estado de sitio, a favor de las empresas mineras canadienses. En Latinoamérica, los más afectados por la minería son indígenas. José María Tojeira, representante de la Iglesia Católica, dijo que la actividad minera es inmoral: aumenta la pobreza e imposibilita el desarrollo local.
Las organizaciones participantes quieren que se apruebe una ley antiminera. La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Lourdes Palacios y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que aún no se ve la aprobación de un proyecto de ley favorable para los intereses públicos. La Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Yanira Cortez, describió cómo no se han respetado los derechos humanos con los proyectos mineros en El Salvador. Se ha complicado la lucha por evitar la contaminación del Río Lempa. Los daños a los ecosistemas no tienen remedio.
El impacto del desarrollo extractivo en Latinoamérica fue tema de comentario. Juliana Turqui, coordinadora del programa regional de industrias extractivas de OXFAM América, expresó su preocupación por la región y por la política conservadora de los gobiernos, que ven la minería como fuente de desarrollo. Le preocupa que El Salvador no tenga una ley que prohíba la minería a pesar de los esfuerzos de la Mesa y habló sobre las campañas contra la minería y la visión estratégica para la lucha antiminera.
OXFAM América dice que la minería aporta poco al Producto Interno Bruto. Los costos ambientales y sanitarios son mucho más altos. Hay 60 demandas a estados por industrias extractivas, la mayoría de América Latina.
Participantes de 12 países presentaron propuestas para crear conciencia de la lucha antiminera salvadoreña a nivel mundial; para luchar contra Pacific Rim, (de Canadá) y Commerce Group, (de Estados Unidos) y para que retiren las demandas contra el Estado salvadoreño. Visitaron la mina San Sebastián en La Unión y la mina Cerro Blanco en Guatemala y conocieron la problemática en Cabañas. “Nuestra visita se da en tiempos que dos de estas empresas, Pacific Rim y Commerce Group están demandando en un tribunal en Washington al Estado salvadoreño por más de 400 millones de dólares,” dicen los de la Conferencia.
En 2011, El Salvador ganó una demanda interpuesta por la empresa minera estadounidense Commerce Group, pero debió pagar 800.000 dólares en costos legales; la compañía minera busca que se anule la decisión en su contra.
Actualmente la minera canadiense Pacific Rim pide a El Salvador 315 millones de dólares – aproximadamente el 1,8 por ciento del producto interno bruto del país, según Manuel Pérez Rocha, representante del Instituto de Estudios Políticos, por bloquearle un permiso de exploración.
Sobre la mina Cerro Blanco, la coalición dijo que la minera Goldcorp utilizó “estrategias perversas” para instalarse, violando el derecho de las comunidades para oponerse. Esas estrategias son engaños a la gente y a los habitantes de la zona le “han construido pozos pero no les han dicho que el agua cuando esté contaminada no la podrán usar”. Las empresas han ayudado a la comunidad para ganar su apoyo.
Se pide al gobierno canadiense que retire su apoyo a Pacific Rim y Goldcorp, por las amenazas y abusos a los derechos de las comunidades en El Salvador. Según Pérez Rocha: “seguiremos posicionando internacionalmente el caso de Pacific Rim como un ejemplo de sistema perverso que se cobija bajo los tratados de libre comercio”.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic was the international conference on mining activity. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.