Producer/Host: Kathleen March
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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to discuss the closing of the Legal Aid Office of the Archbishopric in San Salvador and the whereabouts of the archives. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
En El Salvador se lucha por reabrir su histórico archivo criminal. En “Upside Down World” el periodista Edgardo Ayala informa que 50.000 expedientes sobre crímenes contra la humanidad en El Salvador están en un lugar no seguro, afectados por el tiempo y la humedad. La preocupación existe porque el 30 de septiembre la Iglesia Católica cerró sin avisar la oficina en que estaban los documentos, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Los exempleados piden que se les entreguen los archivos.
El abogado Alejandro Díaz, despedido tras el cierre de Tutela Legal, dijo: “Nosotros somos los representantes legales de los familiares o víctimas de abusos, nosotros llevamos los casos, por lo tanto nuestro trabajo tiene que seguir”. Y agregó: “Estamos haciendo las últimas gestiones para relanzar la nueva oficina”. Se llamará Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, en honor de quien fue su directora desde 1983 hasta su muerte en 2007.
Los expedientes contienen testimonios grabados y en papel, fotografías y videos de víctimas y familiares, y registros de lugares donde se cometieron masacres u otros crímenes durante la guerra civil (1980-1992). Serían importantes en procesos penales que podrían reabrirse por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tutela Legal reunió durante años esas denuncias y pruebas y mantuvo la defensa de las víctimas.
El apoyo económico para la nueva entidad llegarían de las mismas organizaciones internacionales de antes, como la agencia católica de ayuda de Inglaterra y Gales, el Comité Francés Católico contra el Hambre y por el Desarrollo y la filial de Cáritas en Asturias. Se necesitarán 300.000 dólares para digitalizar todo el material y ordenarlo según estándares internacionales.
El arzobispo de San Salvador, José Escobar, dijo después del cierre que la causa había sido un mal manejo de fondos, pero no precisó más. Sin embargo, otros niegan que hubiera problemas con el manejo del dinero de Tutela Legal, que siempre se sometía a auditorías de las entidades internacionales que la financiaban.
Las sospechas sobre las razones que dio el arzobispo Escobar se deben a que unos días antes, la Corte Suprema admitiera una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, ley que hasta ahora había impedido hacer justicia. Los participantes del movimiento de derechos humanos, dentro y fuera de El Salvador, están preocupados por el paradero de los expedientes de Tutela Legal.
La Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington pidió “que la Arquidiócesis proteja cuidadosamente estos archivos y los ponga a disposición de los investigadores, de acuerdo con la larga tradición de la Iglesia en pro de la defensa de los derechos humanos”. Un centenar de organizaciones nacionales e internacionales publicaron también avisos en la prensa salvadoreña, exigiendo que se protegieran y mantuvieran los expedientes. El arzobispado asegura que los está protegiendo, aunque se ha hablado de un traslado a otras instalaciones eclesiásticas. “Estoy aquí para solidarizarme con toda esta gente en su justo reclamo por conservar los archivos”, declaró la activista Andrea Mcleoud, de la organización Somos Tutal (Somos nuestra tierra en lengua indígena náhuatl), durante una protesta en octubre ante la Catedral Metropolitana de San Salvador.
Tutela Legal fue establecida en 1982 por el entonces arzobispo Arturo Rivera y Damas, como continuación de Socorro Jurídico, que había sido fundado en 1977 por el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado por escuadrones de la muerte mientras daba misa en marzo de 1980 (fecha en la que estalló la guerra civil en El Salvador).
En el conflicto entre fuerzas del Estado y grupos paramilitares contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, murieron 75.000 personas, con unas 8.000 personas desaparecidas. La población de El Salvador es de un poco más de seis millones.
“No reclamamos algo ajeno, sino algo que nos pertenece a los familiares de las víctimas”, dijo Rosa Rivera. La familia de ella fue asesinada por militares y paramilitares en mayo de 1980 junto con otros 300 campesinos que intentaban cruzar el río Sumpul, en el departamento de Chalatenango, para huir a Honduras.
Los expedientes contienen denuncias del conflicto además de algunos casos actuales. Un ejemplo es el proceso sobre la contaminación con plomo de una comunidad rural causada por una fábrica de baterías de automóviles, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008.
En el Vaticano, la beatificación del arzobispo Romero avanza por decisión del Papa, aunque parte de su legado está en peligro.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continued to discuss the closing of the Legal Aid Office of the Archbishopric in San Salvador and the current location of the archives. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.