Producer/Host: Kathleen March
Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the accusation of El Salvador and Honduras of war crimes by the Tribunal of Restorative Justice. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Por quinto año el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro Americana –IDHUCA- y la Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado de El Salvador han convocado el TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA en El Salvador. El Tribunal es una alternativa de justicia restaurativa; es un espacio de opinión y denuncia de casos documentados, de acuerdo al derecho internacional sobre violaciones de Derechos Humanos.
Entre los patrocinadores están: la Fundación por la Justicia de la Comunidad Valenciana; los Abogados del Mundo; a Comissâo de Anistia do Ministerio da Justiça (Brasil); Intermon Oxfam; Fundación de los Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana; Centro UNESCO de Valencia; Giurídico Internazionalle sulla Inmigrazione (Italia); la Universidad de Valencia; Memorial da Resistencia (Brasil); la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo; el Consejo General del Poder Judicial de España; Unibrasil, Universidade de Curitiba (Brasil); la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (España).
“… nadie pagará legalmente lo que nos hicieron, pero hemos tenido un lugar donde hemos sido escuchados y alguien por fin nos tomó en cuenta”, dijo María Recinos, poco antes de la lectura de la sentencia por el Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador y que fue presentada simultáneamente en España. Recinos fue una de las familiares de víctimas; se presentó en marzo ante el Tribunal para hablar sobre el caso de ejecución sumaria de Angelita Recinos, Teresa Alvarenga y Adelaida Alemán, quien tenía ocho meses de embarazo en junio de 1980. También pasó ante el Tribunal el caso de desaparición forzada de Carminda Castro Sánchez, de 22 años. Carminda era estudiante universitaria de psicología, su delito: organizarse, en la Resistencia Nacional, para luchar en la guerra.
Silvia Cuéllar del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) explicó que “la sentencia dicta una condena moral al Estado por la omisión en la investigación de los casos ocurridos durante la guerra… en ningún momento tiene un carácter vinculante, solo es una condena moral, pero las víctimas han encontrado un espacio donde han sido escuchados”. Según Cuéllar, el Tribunal escucha a las víctimas en la denuncia selectiva de casos documentados, con base en las exigencias del derecho internacional sobre violaciones de los Derechos Humanos.
El Tribunal se lleva a cabo desde 2009, en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Arcatao en Chalatenango, Suchitoto en Cuscatlán y en Tecoluca, San Vicente. Este marzo se hará en Santa Marta, Cabañas. Los delitos citados en el documento son por ejecuciones extrajudiciales; por privación de libertad y torturas; por desaparición forzada, y por un número no definido de víctimas de la conocida masacre del Río Lempa.
El Tribunal declara al Estado salvadoreño responsable por las ejecuciones extrajudiciales de once personas, entre ellas: Teresa Alvarenga, Adelaida Alemán, Bonifacio Hernández, Pedro Jovel y Fidencio Velasco. También por la ilegítima privación de libertad y torturas de Rosa Rivera, Vilma Vásquez, Fernando Bonilla y José Álvarez. Y, por la desaparición forzada de Lisbeth Carminda Castro.
Responsabiliza al Estado salvadoreño por la masacre del Río Lempa, en marzo de 1981 en Santa Marta y en el municipio de Victoria, en Cabañas. Y se condena al Estado de Honduras por haber apoyado la masacre, también por las violaciones a los derechos humanos en contra salvadoreños que se refugiaron en ese país. Entre las recomendaciones del Tribunal, están que la Fiscalía General de la República investigue las denuncias para que juzguen y sancionen a los responsables. También piden que El Salvador reconozca y repare a las víctimas por el daño físico, psíquico y material sufrido. Exigen que el Estado revele el programa nacional de reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the accusation of El Salvador and Honduras of war crimes by the Tribunal of Restorative Justice. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.