Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the continuing events of the Jesuit assassination case. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
La noticia de la semana fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de El Salvador, de ratificar la “irrestricta libertad” de los 9 ex militares que estuvieron resguardados en el Batallón Especial de Seguridad Militar . Poco antes del fallo de la CSJ, el presidente Funes dijo que los ex militares acusados de la Masacre Jesuita de 1989 estaban “arrestados”, pero la Corte Plena de la CSJ indica que “nunca estuvieron arrestados”. ¿Quién les informó que los iban a arrestar porque ya se había activado la difusión roja?
La CSJ dice que la “difusión roja” era sólo para “fines de localización” y no “de detención con fines de extradición”; e indicó que no se había recibido nada de España que indicara que los militares fuesen detenidos. Funes dijo que la CSJ le había dado la razón al gobierno “de no capturarlos”. Según la Interpol, el color azul en la difusión es para fines de localización; el color rojo es la orden de detención. ¿Ha funcionado El Salvador como “defensor” de los acusados? Algunos se preguntan por qué se quería resguardar a los nueve si ya no son del ejército y están acusados de graves crímenes y dicen que si el Estado Español tuvo un fallo y no mandó la orden internacional de detención como dice el tratado binacional, ¿no es de colaboración recíproca el tratado entre los dos países?
El 27 de agosto, la querellante en el proceso que se les sigue en España a 20 ex militares, Almudena Bernabeu, dijo que el juez Eloy Velasco enviaría a la Interpol las órdenes de captura de los otros 9 militares que están también procesados y que también España solicitaría formalmente las extradiciones de los culpables. El 26 de agosto se supo que el sistema de justicia de El Salvador concedió “una libertad irrestricta” a los exmilitares que estuvieron 20 días resguardados después de saber que había orden de captura internacional. Según algunos, esta acción de la justicia salvadoreña crea dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y su deseo de aplicar la justicia.
La polémica se ve en El Salvador, España y Estados Unidos. El excoronel Inocente Montano, detenido el 23 de agosto en Boston, fue acusado de “fraude migratorio” al entrar a Estados Unidos. Montano quedó libre bajo fianza el 24, aunque le fue puesto un brazalete electrónico. Parece que Montano trataba de regresar a El Salvador. Se le acusó de no decir la verdad de haber sido jefe militar durante la guerra civil cuando gestionó su residencia en Estados Unidos.
La polémica en El Salvador se centra en el haber emitido el juez español Eloy Velasco 11 órdenes internacionales de detención contra exmilitares vinculados al proceso. Otras nueve órdenes están en camino a la Interpol. El magistrado de la CSJ, Néstor Castañeda, explicó que los exmilitares resguardados “están en irrestricta libertad porque nunca fueron arrestados legalmente; ellos se resguardaron voluntariamente” y que la CSJ “determinó que la difusión roja era sólo para fines de localización de los exmilitares y no para detenerlos”.
Dijo la abogada querellante, Almudena Bernabeu, que “Está en la ley española la posibilidad de juzgar estos casos… Pero además, las víctimas son, cinco de ellas españolas (aunque también tenían nacionalidad salvadoreña), entonces los jueces españoles están en la obligación de abrir estas investigaciones. Además de ello, este fue un crimen de lesa humanidad”. “España ha hecho un Auto de Procesamiento, que es muy amplio y complejo, que se dio a los medios de comunicación, precisamente para acallar rumores y especulaciones, en el que se relata muy despacio cómo el juez ha llegado a las conclusiones … y califica los procesos de 1991 y 2001 como procesos fraudulentos con repercusiones irregulares. Además reconoce la Ley de Amnistía como una ley contra derecho, y se hace eco de lo ya dicho por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, entre otros”.
Los efectos del Caso Jesuitas han llegado a sectores importantes de Estados Unidos, como The Miami Herald y The Boston Globe, por la relación que este país ha tenido con El Salvador. Hace unas semanas, en julio, cuatro senadores estadounidenses mandaron una carta a la secretaria de Estado, pidiendo que se colabore con el proceso jurídico de España, en información y detención de los implicados que puedan estar en Estados Unidos. El Miami Herald, un periódico conservador, sostiene casi la misma posición del juez Eloy Velasco sobre el proceso penal fraudulento que hubo en El Salvador. Cuestiona el poder que mantienen los exmilitares en El Salvador y opina que el Departamento de Estado y el de Justicia deben mostrar que las palabras de Obama no son simple retórica.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the continuation of the Jesuit assassination case. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.