Category: U.S./El Salvador Report

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to follow the controversy surrounding the indictment of the authors of the 1989 assassinations known as the “Jesuit case.” The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
Hay una polémica con tres puntos a causa del Caso jesuitas: El Salvador, donde fueron asesinados seis sacerdotes y dos de sus empleadas, en 1989; España, que quiere juzgar a los responsables de la masacre, basándose en la Justicia Universal y el hecho de que cinco de los asesinados eran españoles/vascos; y Estados Unidos, aliado de El Salvador antes y después de la guerra civil. Por lo menos uno de los implicados vive en Estados Unidos y una organización estadounidense, el Centro de Justicia y Responsabilidad, es uno de los querellantes.
La polémica en El Salvador se debe a que el juez Eloy Velasco ha dado once órdenes internacionales de detención contra los ex militares. Otras nueve órdenes están en proceso de llegar a la Interpol. De los primeros once reclamados (hay 20 acusados), el ex general René Emilio Ponce murió en mayo. El ex coronel Inocente Orlando Montano reside en Estados Unidos. Los otros nueve están “resguardados” desde comienzos de este mes en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador. El gobierno no ha respondido a la pregunta de: ¿Qué hacen los militares “resguardados” en una institución del gobierno cuando hay una orden internacional de captura recibida por la Interpol?
El ministro de Defensa Nacional, general David Munguía Payés, remitió el caso a un Juez de Paz. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, aseguró que mientras la policía no captura a los ex militares y se pongan en manos de un juez, la Corte no podría “conocer el caso”.
En la Sala de lo Constitucional se solicitaron al menos dos habeas corpus preventivos. En un documento del magistrado de la Corte, Florentín Meléndez dice que se abstendrá de conocer todo lo relacionado con el Caso Jesuitas. “Considero, por lo tanto, que es mi obligación ética y jurídica abstenerme de conocer en Corte Plena sobre todo lo relacionado con el caso Jesuitas, por haberme pronunciado ya sobre el fondo del asunto mediante mi voto disidente que emití con motivo de la resolución en la que se denegó la cooperación a que está obligado El Salvador, conforme al Convenio de Cooperación Judicial en materia Penal vigente entre ambas naciones”, afirma.
La situación planteada por el magistrado Meléndez crearía una compleja situación en la Corte, en la que 11 de los 15 magistrados propietarios no deberían estar en Corte Plena para conocer todo lo relacionado con el Caso Jesuitas. ¿Cómo se resolverá el conflicto?
“… España sí tiene jurisdicción para llevar un caso como este y España la tiene no porque sea un país de la naturaleza que sea, sino porque hay más de 50 países en el mundo que tienen jurisdicción sobre la misma base y es un ejercicio de responsabilidad que está fundamentado en la calidad de los crímenes, es un principio procesal básico que está vigente ya en muchos países, que es el principio de Justicia Universal y que funciona también, por ejemplo, en Estados Unidos y México. Esto se instaura a partir del tribunal de Núremberg”, dijo la abogada querellante en el Caso Jesuitas, Almudena Bernabeu, en respuesta a aquellos que afirman que España no puede juzgar hechos ocurridos en El Salvador durante la guerra civil.
“Está en la ley española la posibilidad de juzgar estos casos… Pero además, las víctimas son, cinco de ellas españolas (aunque también tenían nacionalidad salvadoreña), entonces los jueces españoles están en la obligación de abrir estas investigaciones. Además de ellos, este fue un crimen de lesa humanidad”, dijo Bernabeu, explicando que “España ha hecho un Auto de Procesamiento, que es muy amplio y complejo, que se dio a los medios de comunicación, precisamente para acallar rumores y especulaciones, en el que se relata muy despacio cómo el juez ha llegado a las conclusiones … y califica los procesos de 1991 y 2001 como procesos fraudulentos… Además reconoce la Ley de Amnistía como una ley contra derecho, y se hace eco de o ya dicho por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo… ”.
La repercusión ha llegado a medios de Estados Unidos, como The Miami Herald y The Boston Globe. En julio cuatro senadores (Kerry, Leahy, Harkin y Boxer) enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo que se colabore con el proceso jurídico que se lleva a cabo en España. El Miami Herald, periódico conservador, sostiene la postura del juez Eloy Velasco. Un editorial cuestiona el poder que aún tienen los ex militares en El Salvador y afirma que se debe mostrar que Washington no sólo condena las violaciones a los Derechos Humanos de los refugiados que están en otros países. En agosto, Obama anunció medidas contra los violadores de Derechos Humanos y de Genocidios. The Boston Globe informa que el ex coronel Inocente Orlando Montano reside en Everett, Massachusetts, pero que actualmente no se sabe dónde está. “Es inconcebible que una persona que esté acusada de participar en un crimen tan horrible esté viviendo en Estados Unidos”, ha dicho el congresista James McGovern. McGovern dice que no sabía que un implicado en el Caso Jesuitas viviera en Massachusetts, pero ha informado al Departamento de Justicia, para que ayude a España a perseguir a los sospechosos. El Secretario Asistente de Estado, Joseph Macmanus, dijo que el Departamento de Estado “trabajará junto al Departamento de Justicia para asegurar que cualquier solicitud de ayuda por parte de España reciba su consideración apropiada”.
This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week continued to follow the controversy surrounding the indictment of the authors of the 1989 assassinations known as the “Jesuit case.” The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

Transcript: This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s report is an update on the 1989 case of the Jesuit assassinations. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
Carlos Calderón, juez salvadoreño, ha notificado a nueve militares, detenidos el domingo pasado en San Salvador, los cargos de la justicia española por su presunta participación en el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas suyas en 1989.?? Estos nueve militares se entregaron el domingo en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador; su captura era inminente porque había una orden internacional de aprehensión del juez español Eloy Velasco el 30 de mayo de este año. En total 20 miembros de las fuerzas armadas han sido identificados como los responsables de la matanza.
Todos los militares de este grupo de nueve están jubilados. Se les ha notificado de los cargos de la justicia española anunciados por Calderón, titular del Juzgado Décimosegundo de Paz, en la sede de Brigada Especial de Seguridad Militar, según un informe del Poder Judicial salvadoreño.??El documento explica que Calderón ha realizado una inspección del lugar en que se encuentran detenidos, para comprobar en qué condiciones están los procesados.?? En el comunicado se explica que el juez “realizó un informe escrito para remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte Plena decida si procede o no la extradición, y asigne así a un juez que materialice la extradición de los militares”.?? Asimismo indica que “el juez también solicitó un informe a las autoridades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para conocer sobre la orden de captura que pesa sobre los ex militares”.??
El Ministerio de Defensa de El Salvador ha puesto a la orden del Juzgado Décimosegundo de Paz a los nueve militares que se entregaron y que son parte de los 20 procesados por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco por la masacre de los jesuitas, entre los que estaba el vasco Ignacio Ellacuría.??
Velasco ordenó la captura de todos los implicados en la matanza el 30 de mayo pasado.??Los militares que se entregaron a las autoridades salvadoreñas son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo, los coroneles Francisco Elena Fuentes y Juan Orlando Zepeda, los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Oscar Mariano Amaya Grimaldi.
La abogada española Almudena Bernabéu, querellante en el proceso contra los militares salvadoreños, ha pedido que los nueve militares «permanezcan presos hasta que se decida sobre su extradición o puesta en libertad». Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, duda que el Estado salvadoreño extradite a España a los militares acusados.
Uno de los abogados de los militares, Lisandro Quintanilla, ha dicho que la defensa “todavía no tiene la orden de captura de la Interpol”, pero que espera que la entrega voluntaria de los militares les favorezca. Otro abogado de los militares, Eduardo Cardoza, aseguró que los acusados no pueden ser detenidos porque algunos ya se acogieron a la ley de amnistía vigente desde 1993 y otros recibieron sobreseimiento en el caso de los jesuitas.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s report was an update on the 1989 case of the Jesuit assassinations. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we have an update on the 1989 case of the assassinated Jesuit priests. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El líder de la iglesia católica de El Salvador afirma que los familiares de los jesuitas asesinados tienen el derecho de saber quiénes fueron los autores de la masacre en noviembre de 1989. Monseñor José Luis Escobar Alas apoya la orden de detención del juez de la Audiencia Nacional de España contra los jefes militares y soldados rasos involucrados, pero recordó que hay una Ley de Amnistía que favoreció a los militares y guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1980 y 1992. “Nosotros hemos ya perdonado, lo mismo los padres jesuitas ya han perdonado, pero eso no significa que nos opongamos a que se esclarezca y que se conozca la verdad”, argumentó Escobar Alas. Hace poco un representante de los militares pidió a la Policía Nacional Civil que ejecutara la orden de detención enviada por la Policia Internacional (Interpol). El Salvador ya recibió la orden de España para capturar a 13 de los militares salvadoreños, incluyendo un ex ministro de Defensa.
Los familiares de los jesuitas asesinados presentaron una demanda judicial en España en contra de 20 militares, algunos de los cuales residen en los Estados Unidos, otros en El Salvador. René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor cuando la masacre, falleció este año.
Un comando del batallón Atlacatl ejecutó a los teólogos Ignacio Ellacuría, Amado López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. También fueron asesinadas la empleada doméstica Elba Julia Ramos y su hija Celina.
El portavoz de la Oficina para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, William Ostick, dijo: “Seguimos monitoreando el caso muy de cerca, no podemos comentar detalles … pero estamos trabajando con el Departamento de Justicia para asegurarnos de que cualquier solicitud de ayuda sea recibida con la consideración apropiada.”
En julio un grupo de cuatro senadores demócratas enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo la ayuda del gobierno de Obama para llevar ante la justicia a los acusados de la matanza. En su carta los senadores le dicen a Clinton que las investigaciones sobre el Caso Jesuitas indican que varios de los acusados recibieron adiestramiento militar en Estados Unidos, en Fort Benning, Georgia. Se refieren al Batallón Atlacatl. “Solicitamos que usted realice todos los esfuerzos posibles que aseguren que los Estados Unidos coopera completamente en los procesos legales pendientes, proveyendo cualquier información relevante u otro tipo de asistencia para la localización de uno de los individuos acusados, quien podría estar residiendo en los Estados Unidos”, señala la carta.
El caso fue llevado por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad, de California, y la Asociación Española para los Derechos Humanos, ante la Audiencia Nacional de España, hace tres años. Según Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es lógico que los militares quieran defenderse y que recurran a diversos recursos para evitar la detención. Eduardo Cardoza, también representante legal de los militares, aseguró que “todos estos señores fueron juzgados aquí y fueron sobreseídos definitivamente y es un principio universal de que nadie puede ser juzgado ni capturado por los mismos hechos dos veces”.
En 1991 se procesó a nueve militares por el caso de los jesuitas, aunque sólo dos de los nueve – el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza – fueron encontrados culpables, pero la Ley de Amnistía los benefició dos años después. La Ley fue promulgada en 1993 por el presidente Cristiani de ARENA. Protege a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, sean militares o guerrilleros.
En mayo el juez español Eloy Velasco decretó el procesamiento de los militares a los que se acusa de asesinatos terroristas, y ordenó su busca y captura internacional así como su envío a prisión provisional comunicada y sin fianza. En julio los defensores de seis de los veinte militares salvadoreños procesados en España presentaron un “hábeas corpus” ante la orden de detención provisional dictada por la Audiencia Nacional; dicen que la libertad “individual” de sus clientes está siendo amenazada.
Miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró. También fueron asesinados otros dos sacerdotes españoles, Armando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
El arzobispo también ha pedido que el Estado salvadoreño esclarezca la muerte del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en San Salvador. “Pedimos justicia al país … , y siempre lo hemos pedido y estamos deseosos de que se conozca la verdad y que se haga justicia por supuesto”, expresó Alas. Romero fue el más ferviente defensor de los más pobres y necesitados en El Salvador. Aunque su proceso de santificación aún está siendo estudiado en el Vaticano muchos lo llaman ya “San Romero de América”.

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Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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This is Katheen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the Carretera Longitudinal del Norte’s effect on the community of Guarjila. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador SISTER Cities.
En Guarjila, Chalatenango, todavía hay confianza entre conocidos y los pocos visitantes. Caminando por sus calles, todos saludan al “nuevo”. No se desconfía de nadie. Pero la tranquilidad desaparecerá con la Carretera Longitudinal del Norte (CLN), proyecto del Fondo del Milenio (FOMILENIO), financiado por los Estados Unidos.
Dice uno: “Este es un lugar tranquilo, acá todos nos conocemos … En las mañanas no hay más ruido que el de los pájaros, los gallos y la gente que madruga para ir a trabajar o ponerse en el quehacer del hogar… Los carros poco se oyen…” A Guarjila llegaron personas desde Mesa Grande, Honduras, en 1987.
En septiembre de 2010 el presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO y secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia, firmó el contrato para el tramo 11 de la CLN, desde el Cantón Guarjila hasta el puente sobre el Río Lempa que conecta con el municipio de Nombre de Jesús en Chalatenango. Es el último de los tramos a los que se comprometieron con Estados Unidos en 2006. El acuerdo comprende tres proyectos: Desarrollo Humano, Desarrollo Productivo y Conectividad Vial. Con la construcción del Tramo por Guarjila, FOMILENIO termina la construcción de la CLN a través de 11 proyectos de infraestructura vial con un total de 178 kilómetros con un costo de más de 245 millones de dólares. Los de Guarjila se oponían a la CLN; pedían una ruta alternativa para que los vehículos no pasasen por el medio de la población. ADESCO (la Asociación de Desarrollo Comunal) y otros grupos se reunieron con miembros del Ministerio de Obras Públicas y FOMILENIO, pero se les aseguró que un bypass sería muy caro, como 14 millones de dólares. Guarjila sabía que se había construido uno en Sensuntepeque.
FOMILENIO les decía que también se harían inversiones en Guarjila, pero ellos les respondían que en vez de invertir en la escuela, la casa de la cultura, espacios públicos, etc., que invirtieran en el bypass. Exigían estudios que mostraran que la obra no afectaría a la población ni al medio ambiente. “No se ha visto nada… nunca entregaron estudios de impactos ecológicos …”, dijo Carlos Quintanilla, miembro de ADESCO.
El Tramo 3B tiene casi 23 kilómetros de carretera, 4,2 de carretera nueva y 18,5 de ampliación y mejoramiento del camino existente. Costará más de 18 millones de dólares, cuatro millones más de lo que dijo FOMILENIO.
Según Armando Marín, presidente de la ADESCO, 100 casas quedarán al otro lado de la nueva carretera y 400 al lado del camino antiguo. “Hay muchos ancianos de lento andar; niños acostumbrados a andar libremente por las calles sin temor a que los atropellen; … carros pocos pasan. .. Nos quitan seguridad y tranquilidad”, dijo una de Guarjila.
Hay otros temores. Las extorsiones ya se están haciendo realidad. Marín afirma que desde que empezó la construcción ha habido amenazas a varios comerciantes de la zona. Se ve más gente extraña… “…. La tranquilidad de Guarjila se termina con el progreso”, dijo Marín.
La CLN ahora afecta a toda la comunidad aunque sólo una persona perderá su casa por completo. Le han asegurado que le darán otra casa. Doña Tita ha exigido que le den una en Guarjila. Ya le han dicho que la obra va a comenzar. Ella pide seguridad que no “serán palabras que se las lleve el viento”. Puso resistencia porque no quiere irse de ahí. “No me voy a dejar, yo no quiero que se aprovechen de mi situación, dice…. quiero que me digan cómo va todo,… no me dicen más que sólo ‘vamos a demoler su casa, porque por ahí va a pasar la calle, pero le vamos a dar otra’.
¿La respuesta? “Mire … no queremos que usted pierda… Nosotros le ponemos material, arquitecto y constructores… es [sólo] cuestión de tiempo… ¿usted quiere oponerse al progreso del país? Doña Tita sólo quiere saber si su casa estará en Guarjila. Los de FOMILENIO le dicen que harán lo posible. Ella observa que no es fácil, muchos años invertidos en su casa para que ahora la destruyan “porque se les ocurrió hacer una calle”. “No es justo…” .
This was Katheen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the Carretera Longitudinal del Norte’s effect on the community of Guarjila. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador SISTER Cities.

Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the Center for Justice and International Law’s case against El Salvador for the massacre at El Mozote in 1981. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) prepara una demanda contra El Salvador, porque no se cumplieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, en 1981. En diciembre de 2010 la CIDH recomendó derogar la Ley de Amnistía de 1993 e investigar y castigar a los responsables del genocidio de la guerra civil en El Salvador. La CIDH pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo. El plazo para presentar la demanda es el 14 de agosto.
Gisela de León, abogada de CEJIL, declaró que la demanda incluye también lo ocurrido en siete poblados cerca de El Mozote, como Cerro Pando, Los Toriles, La Joya y Arambala, masacres llevadas a cabo por el Batallón Atlacatl. “En total tenemos un registro de 966 personas asesinadas, casi la mitad menores de edad y otros cientos que fueron desplazados de su lugar de origen”, dijo León.
CEJIL considera que El Mozote es una de las mayores masacres en la historia latinoamericana, por el número de víctimas y por el proceder indiscriminado de los asesinos. La demanda que se prepara incluye el testimonio de Rufina Amaya, única persona que se salvó de El Mozote, quien murió en marzo de 2007. Según ella, el 10 de diciembre de 1981, los soldados del Batallón Atlacatl encerraron a los de El Mozote en las casas de la localidad, amenazando disparar contra el que intentara escapar. Al día siguiente, encerraron a hombres, mujeres y niños en un local conocido como “El Convento”. Sus gritos fueron silenciados con metralla y lanzallamas. Amaya perdió a su esposo y a sus cuatro hijos en la masacre, pero escapó tirándose detrás de un arbusto.
No se sabe el número exacto de víctimas durante el “operativo contrainsurgente” del ejército salvadoreño, porque hace poco se encontraron restos humanos de los que no se tenían registro. Sólo se sabe que murieron más de mil personas.
Junto con el testimonio de Amaya, fundamental para que lo de El Mozote se conociera internacionalmente, ha sido importante el acompañamiento de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Tutela Legal presentó el caso a la CIDH en octubre de 1990 y desde entonces ha seguido con el proceso de demanda. Según Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal: “Esperamos que el dictamen que pueda dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos exija al Estado Salvadoreño repare material y moralmente a los afectados por la masacre y pida perdón por el hecho”.
CEJIL, que también lleva el caso del homicidio de Monseñor Romero, dice que las leyes de amnistía violan los derechos a la justicia y no dejan conocer la verdad de estos dos casos de impunidad de los años 80. El testimonio de Amaya incluye cómo los soldados separaron a los pobladores del caserío en dos grupos: los hombres y niños mayores, y las mujeres y niños menores. Según ella, primero asesinaron a los hombres y niños mayores – a muchos los decapitaron. Luego mataron a las mujeres y a los niños menores. Los soldados prendieron fuego a la iglesia y a la casa donde habían obligado a las víctimas a reunirse. Amaya recordaba los gritos de las víctimas que estaban vivas cuando se prendió fuego al templo.
Según ella, la advertencia que un poblador de El Mozote hizo a la comunidad a comienzos de diciembre, facilitó los asesinatos masivos. Les advirtió que un soldado le había dicho que el ejército preparaba un operativo en la zona y que era mejor que todos los pobladores se concentraran en El Mozote, porque si los militares los sorprendieran dispersos en la zona era más probable que los mataran. Así aconsejados, cuando llegó el ejército, había una concentración mayor de pobladores.
Inicialmente, la cifra de víctimas en El Mozote se creyó ser sobre 500; luego, se presentó una cifra de 765 asesinatos ante la Comisión Interamericana. Después, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA habló de entre 900 y 1,200 víctimas. Ahora, la demanda contra el Estado salvadoreño incluye 966 personas.
“No sabemos cuál será la posición oficial de este gobierno, porque cuando se gestionó el caso en la Comisión Interamericana, las anteriores autoridades ni siquiera reconocían que la masacre se hubiera dado… ciertamente podría darse un acuerdo previo pues la actitud de este gobierno es diferente”, comentó de León.
CEJIL ha localizado a 150 familiares de las víctimas; casi 100 aceptan que la organización los represente en la Corte. “Esto no es para abrir heridas, lo que pasa es que las heridas nunca se cerraron…”, dijo la abogada.
De acuerdo a datos de la ONU, en la guerra civil salvadoreña hubo al menos 75 mil víctimas – muertos, desaparecidos y torturados. CEJIL ha tenido éxito en sus demandas contra varios estados latinoamericanos por violaciones a derechos humanos, como Perú, Chile y El Salvador.
This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the Center for Justice and International Law’s case against El Salvador for the massacre at El Mozote in 1981. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the government’s decision to provide strong support to the coffee sector. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
El Gobierno de El Salvador piensa invertir entre $4 y $5 millones anuales para reactivar el sector cafetalero, según una afirmación reciente del presidente Funes. El plan pertenece al Programa de Agricultura Familiar e incluye el entrenamiento de los caficultores y la repoblación de las zonas cafeteras, a fin de recuperar la productividad de los cafetos. La baja productividad fue identificada por un consultor brasileño, Carlos Brando, quien hizo un estudio a petición del Gobierno y la empresa privada.
Brando es conocido como el “gurú del café” por su trabajo en Brasil, Colombia y otros países. Ha concluido que las fincas salvadoreñas tienen actualmente rendimientos inferiores a los históricos, en parte por la vejez de los cafetales. Dijo Brando que el 90% del parque cafetalero tiene más de 35 años.
La política del Gobierno es principalmente entrenar a los productores. Funes anunció que cada año se capacitará a 4,500 pequeños productores en los procesos de producción y comercialización, empleando el modelo de escuelas de campo. Cada caficultor recibirá hasta 3,100 plantas, que serán distribuidas cada año. El ministro de Agricultura, Guillermo López Suárez, explicó que se instalarán en “fincas modelos”, de altos rendimientos, para enseñarles la tecnología. Se abrirán unas 200 escuelas en zonas como Morazán, el volcán de San Salvador y Santa Ana.
No se ha indicado cuántos caficultores recibirán plantas ni cuándo empezará la distribución, pero las primeras siembras serán en mayo de 2012. También se trabajará en la creación de nuevas variedades de café. Incrementar la producción cafetalera de un país no se logrará en el corto plazo, advirtió el consultor Brando; los efectos se verán dentro de cuatro o cinco años.
El Presidente Funes destacó, en la presentación del diagnóstico, que para impulsar el sector cafetalero, el gobierno entregó dos millones de plantas de café a 3,500 caficultores que fueron afectados por la tormenta Ida. Según el Consejo del Café, esa repoblación debería ayudar a aumentar la producción del país en unos 87,000 quintales en los próximos tres años.
El Consejo Salvadoreño del Café ha trabajado con el sector privado, en los dos últimos años, para fortalecer el posicionamiento del café salvadoreño en el mercado de cafés especiales. El 30% de la producción del país es de café gourmet, aproximadamente el doble del porcentaje del resto de países de Centroamérica, y se ha llegado a vender hasta 5 veces más caro que el precio promedio mundial.
El Presidente Funes señaló que se dará un impulso sin precedentes al café. Con la puesta en marcha de un nuevo enfoque de asistencia técnica especializada, cada año 4,500 pequeños productores serán capacitados en los procesos de producción y comercialización. Se apoyará a los productores con la entrega gratuita de las plantas.
Otro aspecto de la estrategia para incrementar la producción, es el impulso, a mediano plazo, de la investigación y la innovación tecnológica.
Según cifras preliminares del Consejo Salvadoreño del Café, por octavo mes seguido, el volumen e ingresos por exportaciones de café tuvieron fuertes alzas. En junio 2011 los aumentos fueron de casi 88% y 167% respectivamente, con relación al mismo mes del año 2010. El volumen exportado sumó más de 170,000 quintales, frente a más de 90,000 quintales exportados en junio de 2010; los ingresos fueron de casi $39 millones respecto a cerca de US$15 millones en mayo del año anterior. El precio promedio por quintal exportado del mes fue de US$229.00, superando por más de US$68.00 el precio promedio anterior. Con relación a los ingresos, el aumento es de casi 118% .
Los principales compradores del café salvadoreño durante los primeros siete meses de 2011 son: Estados Unidos, el 33.7%, Alemania, el 31.2%, Japón, el 10.7% y Canadá, el 6.3%. 29 países más son importadores del grano nacional.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the government’s decision to provide strong support to the coffee sector. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities. This week’s topic is the connection between the US and the assassination of Father Romero.
Este año se cumplieron 31 años del asesinato del Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los asesinos intelectuales forman parte de los grupos económicos que financian el partido ARENA. Desde Miami se dirigía la guerra contra el pueblo salvadoreño y se financiaban los escuadrones de la muerte. El GRUPO MIAMI fue organizado principalmente por el Altamirano Madriz. En febrero de 1980, le encomendó a Roberto D´Aubuisson ejecutar al obispo; D´Aubuisson, Ricardo Posada y el capitán Álvaro Saravia visitaron a las “14 familias” para obtener fondos. El embajador de Estados Unidos, Robert White, dijo que Romero fue asesinado por “profesionales” contratados por gente de la oligarquía criolla que vivía en Miami.
Lo relacionado con el asesinato se conoció con la captura de miembros de los escuadrones de la muerte en la finca “San Luis” en Santa Tecla. A Saravia, coordinador logístico de la operación, se le perdió una agenda con los nombres de los participantes, “donantes” y las cantidades de dinero. Las copias de la agenda circularon en El Salvador y fueron distribuidas por la Embajada estadounidense.
Las pruebas presentadas por el Fiscal General de La República, señalaron al doctor Héctor Regalado, a Roberto D´Aubuisson y al Capitán Alfonso Ávila como parte del grupo de los autores intelectuales. El mercenario que aceptó el contrato fue un argentino de Operación Cóndor, Emilio Antonio Mendoza, asesor de los torturadores de la sección de inteligencia de la Guardia Nacional. Gran parte del capital que acumularon los actuales grupos de poder económico salvadoreño, tuvo su origen en el narcotráfico durante la guerra sucia que utilizó las bases aéreas salvadoreñas para transportar las drogas, vendidas en EE.UU, que financiaban armas, la contra nicaragüense y los escuadrones de la muerte salvadoreños.
El gobierno de Elías Antonio Saca intentó hacer que la Asamblea Legislativa nombrase a D´Aubuisson como “hijo meritísimo de El Salvador”.
Con tanques y soldados armados entrenados por los Estados Unidos, el presidente Obama fue recibido por el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Alas fue guía del presidente a la tumba de Monseñor Romero. Alas le dio una copia de la biografía de Romero cuyo autor, Monseñor Jesús Delgado, afirma saber quienes fueron “los asesinos intelectuales y los que apretaron el gatillo”.
“Monseñor Romero es el símbolo máximo de la impunidad en El Salvador”, dijo Ricardo Vaquerano, redactor jefe del periódico El Faro. “La visita de Obama (a la tumba de Romero) es un símbolo importante porque … tal vez envía el mensaje de que Estados Unidos cree que la justicia sea posible en El Salvador”, pero Vaquerano notó que Obama prometió $200 millones en entrenamiento militar y equipo.
Hubo protestas en Brasil, Chile y El Salvador mientras Obama intentaba fomentar el comercio y mejorar los vínculos de seguridad. En El Salvador, los manifestantes pidieron que se renegociara o desechara el Acuerdo de Libre Comercio de América Central.
El periodista Allan Nairn, ha informado sobre América Latina desde los 80. Le dijo JUAN GONZALEZ de Democracy Now: El presidente Obama ha regresado de su primer viaje por América del Sur. Hubo protestas masivas. En El Salvador, se le pidió a Obama la renegociación o disolución de CAFTA. El asesinato de Romero fue ordenado por el oficial del ejército salvadoreño Roberto D’Aubuisson, graduado de la Escuela de las Américas dirigida por EE.UU.
Según Nairn, no hay cambios en la política de EE.UU. “Obama visitó la tumba del arzobispo Romero en El Salvador, pero EE.UU. es como el asesino que dispara a su víctima y luego lleva flores al funeral”… “Se sigue actuando de manera ilegal en todo el mundo. La moneda de El Salvador es el dólar. Es el país más integrado a la economía de EE.UU. Las fábricas exportan a los mercados estadounidenses. Funes respaldó el apoyo estadounidense al golpe de estado en Honduras. “Pero yo creo que lo más importante es el propio arzobispo Romero”. Le había escrito al presidente Carter para pedirle que no apoyara a las fuerzas armadas salvadoreñas, que ayudaban a la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y al ejército a asesinar a los activistas. En su sermón en marzo, Romero pidió a las tropas salvadoreñas que no mataran a civiles. Al día siguiente … fue asesinado…por los escuadrones de la muerte salvadoreños creados y respaldados por EE.UU. A su funeral…asistieron 250.000 salvadoreños. Francotiradores mataron a 42 personas… En Irak, EE.UU. adoptó la Opción El Salvador: apoyar a los escuadrones de la muerte del Ministerio del Interior que mataron a miles de personas. Lo que se hizo en El Salvador se sigue repitiendo.
El capitán Rafael Álvaro Saravia durante una entrevista con El Faro dijo: “yo no lo maté… fue un indio, de los de nosotros. Por ahí anda ese.” “Usted no disparó, pero participó.” “Sí, claro que participé. ” Ha sido repartidor de pizzas, lavador de dinero para la mafia colombiana y vendedor de autos usados. En 1979, Saravia, capitán de aviación, aficionado al alcohol, fue convencido por d´Aubuisson de trabajar con él para formar un frente anticomunista. ARENA se fundó un par de años más tarde. D´Aubuisson murió en 1992 poco después de la firma de los Acuerdos de Paz de la guerra civil. Saravia ya vivía en Estados Unidos, se había escapado de un juicio por el asesinato de monseñor Romero y de otro en Estados Unidos por lavar dinero. En Modesto, California, vendió carros usados.
El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, le puso un juicio por el asesinato de monseñor Romero. Lo condenó a pagar 10 millones de dólares a los familiares. Saravia desapareció poco antes del juicio. Fue “un sicópata”, según uno de los fundadores de Arena. Saravia dijo: “Yo no dirigí nunca una operación para ir a matar a nadie.”. No niega la participación de su jefe, d’Aubuisson.

This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities. This week’s topic was the connection between the US and the assassination of Father Romero.