Category: U.S./El Salvador Report

Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the conference in Guatemala on security issues in Central America. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
Esta semana el presidente guatemalteco, Alvaro Colom, inauguró la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Se espera que la cooperación internacional financie los esfuerzos para combatir la violencia. Una estrategia ha sido preparada por técnicos centroamericanos y se afirma que “la lucha (a la criminalidad) exige el concurso de todos los actores locales, nacionales, regionales e internacionales… así como el respaldo político y acompañamiento de los países y organismos internacionales”.
Centroamérica está muy afectada por una violencia que viene de la pobreza y marginación, con pandillas juveniles. Ha sufrido más últimamente con el narcotráfico. Los traficantes se han trasladado a esta zona a causa de su persecución en México y Colombia, países que han recibido millones de apoyo de Estados Unidos para ese fin.
“Estas agresiones pueden amenazar nuestras democracias y nuestros estados de derecho” dijo Colom, añadiendo que “Por aquí pasa todo lo bueno pero también todo lo malo: el tráfico de armas, el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico de personas”.
El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) espera obtener financiamiento para un plan regional que disminuya la violencia y el narcotráfico. Sin embargo, Estados Unidos ha indicado que no piensa ampliar sus desembolsos a la región, que suman unos 900 millones de dólares anuales, ya que en algunos países del istmo la recaudación tributaria no alcanza ni el 10% del Producto Interno Bruto. También el Banco Interamericano de Desarrollo ha informado que estos países ya reciben sobre 850 millones de dólares de cooperación internacional para la seguridad ciudadana. El presidente Colom ha asegurado que Centroamérica verá cómo crear un impuesto que financie los planes de seguridad: “… se va a discutir la posibilidad de un planteamiento centroamericano de un impuesto para la seguridad y la lucha contra el crimen organizado”, declaró.
Colom criticó la “corresponsabilidad” en la violencia, de los países donde hay más consumidores de droga: Estados Unidos y Europa. Dijo que Estados Unidos consume el 83% de la droga que pasa por la zona, y que el otro 17% lo consume Europa. Dijo que ojalá que con la misma energía con que critica la baja recaudación tributaria en los países centroamericanos, combatiera Estados Unidos el consumo de drogas dentro de sus fronteras. El canciller guatemalteco Haroldo Rodas señaló a los países de tránsito, productores y consumidores de drogas, que el gasto que Centroamérica destina a la seguridad se podría invertir en otros asuntos como la salud o la educación.
La conferencia, organizada por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), incluye a los presidentes de Centroamérica, México y Colombia, a la secretaria estadounidense de Estado Hillary Clinton, la subsecretaria española de cooperación Trinidad Jiménez y a representantes de otros gobiernos y organismos.
El plan que han elaborado los centroamericanos contiene 22 proyectos, los 14 prioritarios se dirigen a: combatir y prevenir el delito; rehabilitar a los criminales; mantener seguridad penitenciaria y fortalecer las instituciones.
Hay 630 participantes, de 55 delegaciones. “[S]e buscan resultados concretos como consolidar la voluntad de Centroamérica de combatir el crimen organizado, junto con… un verdadero compromiso de la parte de la corresponsabilidad de los mercados consumidores” de drogas, dijo Colom. Rodas indicó que la cooperación internacional “invierte un (dólar) de cada 40 dólares que la región centroamericana invierte en temas de seguridad”.
Estados Unidos ofreció aumentar su ayuda este año hasta 300 millones de dólares. Estos recursos ya han sido en parte asignados o serán transferidos de otros programas. Esto representa un aumento de más del 10% respecto a los 260 millones de dólares aportados el año pasado. La propuesta de la conferencia costaría unos 900 millones de dólares.
Entre 2000 y 2010 Estados Unidos ha dado unos 7.000 millones de dólares para el plan Colombia, para la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas. Este año la Casa Blanca propuso destinar 400 millones de dólares para el programa. En 2007 el gobierno estadounidense le ofreció a México unos 1.300 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, que provee equipo y entrenamiento durante tres años. Ya ha entregado más de 400 millones de dólares de ese acuerdo.
Mauricio Funes, presidente salvadoreño, identifica como el principal obstáculo al crecimiento económico en su país la delincuencia común y el crimen organizado.
This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the conference in Guatemala on security issues in Central America. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the recent decision of President Funes to approve Decree 743, which requires unanimity for decisions in the Supreme Court. The decree is considered unconstitutional by numerous groups. This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
El presidente salvadoreño defendió su reciente decisión de apoyar el decreto 743, que contiene la reforma a la Ley Orgánica Judicial aprobada el pasado jueves en la Asamblea Legislativa, y que impone la unanimidad para las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Funes habló de la legalidad para defender su postura. No contestó a la acusación de que esta reforma equivale a un “golpe de Estado técnico”. Dijo que su acción no es inconstitucional. “Si no viola la Constitución, entonces no tengo ningún problema.”, afirmó.
Funes negó que hubiera un pacto con la derecha y explicó que la firmó rápidamente porque no había visto ningún problema legal: “Aquí no ha habido ningún compadre hablado, ningún pacto, ningún acuerdo entre la derecha y el presidente Funes. Aquí, lo que yo he visto es que el decreto, en mi opinión, no viola la independencia de la Corte Suprema de Justicia, tampoco viola el principio de pluralismo ideológico de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, tampoco traba las carretas ni amarra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional”.
También observó que fue en la Asamblea Legislativa donde se creó el decreto y atacó a los diputados que se opusieron acusándoles de doble moral porque el decreto lleva su firma, como el diputado de ARENA Roberto José d´Aubuisson. Y criticó al FMLN por haberse opuesto a esta reforma ya que el decreto lleva la firma de dos de sus diputadas.
Funes también negó que él haya tenido en cuenta los argumentos de algunos diputados de derecha, de que las decisiones que ha tomado la Sala y las que podría tomar en el futuro ponen en peligro la estabilidad del país: “Yo lo único que he planteado es que justamente por la naturaleza de las decisiones que está tomando la Sala de lo Constitucional, en mi opinión, el mecanismo de “cinco de cinco” (decisión por unanimidad) da más garantía de servicio a la democracia, de la búsqueda de consenso, de respeto a la constitucionalidad que el mecanismo de “cuatro de cinco” (decisión por mayoría cualificada).” dijo el presidente.
No está de acuerdo con los que califican a los cuatro magistrados de la Sala como personas que se han atribuido un poder excesivo. “Soy respetuoso de la independencia de los poderes del Estado y particularmente de la independencia judicial”. Según Funes, la votación unánime es un avance para la democracia: favorece el consenso, obliga a más debate interno en la Sala y evita que se inmiscuyan intereses económicos o políticos. “Yo lo que estoy pidiendo es que haya un consenso mayor, en que la materia objeto de análisis de la Sala de lo Constitucional, cosa tan importante y de interés estratégico para el país, que no nos podemos dar el lujo de que únicamente cuatro de cinco resuelvan. Por eso me pareció bien la reforma, por eso es que la sancioné”.
Muchos de los críticos han argumentado que, en realidad, precisamente ese magistrado tendrá la llave para que se tomen decisiones. En su defensa, Funes ha comparado la reforma con la que se hizo a la Constitución para que los funcionarios electos de segundo grado, los que elige la Asamblea Legislativa, lo sean por mayoría cualificada en lugar de simple.
El sistema de mayorías simples y calificadas que funciona en la Asamblea es más equiparable al sistema de votación que hasta ahora tenía la Sala, que requería tres votos para los recursos de amparo – mayoría simple – y cuatro votos para recursos de inconstitucionalidad, mayoría cualificada.
Funes retó a juristas, magistrados o al movimiento social que ha protestado por esta decisión a que demuestren si la reforma es inconstitucional. Dice que una mayoría simple en la Asamblea Legislativa se ha puesto de acuerdo para reformar una ley secundaria, lo cual está dentro de sus atribuciones. Observó: “Significa entonces que porque funcionan las instituciones ahora la democracia está en riesgo. ¡Si las instituciones han funcionado! Una mayoría simple se ha puesto de acuerdo para reformar un procedimiento que está consignado en una ley secundaria, esta mayoría es de derecha”. Funes dice que él, como presidente, tiene el derecho de sancionar un decreto y que no viola ninguna ley al hacerlo con tanta rapidez. Y señaló: “¿Por qué en lugar de estar en esta discusión, si se ha amarrado o no se ha amarrado las carretas de la Sala de lo Constitucional, por qué no inicia un proceso franco y profundo de depuración del Órgano Judicial, que como todas las instituciones del Estado está contaminado por el crimen organizado? Ése es el tema nacional que deberíamos de levantar”.
This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the recent decision of President Funes to approve Decree 743, which requires unanimity for decisions in the Supreme Court. The decree is considered unconstitutional by many. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the sentencing by a Spanish judge of twenty military personnel for the assassination of six Jesuits, some of them born in Spain, a housekeeper and her daughter, in 1989, during the Civil War. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
Han sido procesados veinte militares salvadoreños en España por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador. El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, también ha decretado la busca internacional de los 20 procesados que deberán ser condenados a prisión provisional comunicada y sin fianza. También Velasco ha impuesto una fianza individual de 3.200.000 de euros (más de 4 millones y medio de dólares) “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” que les pudieran ser impuestas.
El crimen ocurrió el 16 de noviembre de 1989: fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), al vasco español Ignacio Ellacuría, a los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y al salvadoreño Joaquín López y López. También murieron en el siniestro la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Entre los procesados se encuentran los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo, los coroneles René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares y el comandante Carlos Camilo Hernández Barahona.
El juez ha procesado a los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, los cabos Ángel Pérez Vasquez y Oscar Mariano Amaya y el soldado José Alberto Sierra Ascensio.
El magistrado español subrayó lo que califica de “polarización” en aquel entonces en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, observando que los jesuitas “habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones se llevasen a cabo”. Fue un grupo de oficiales de élite, conocido como “la Tandona”, el que decidió asesinar a los jesuitas.
El encargado del asesinato fue Benavides, quien dio la “orden directa” al batallón Atlacatl, diciendo que “simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes” una vez que los matasen con el objetivo de crear la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN.
Cuando los militares llegaron a la Universidad, los jesuitas oyeron el ruido y salieron. Se tiraron al suelo según orden de Ávalos, aunque éste ha confesado que “no parecían peligrosos”, eran bastante mayores y no estaban armados, por lo que ha dicho que “tuvo que recordarse a sí mismo que eran ‘delincuentes terroristas’ y que sus ‘cerebros era lo que importaba'”.
Ávalos y otro militar ya muerto dispararon a la cabeza a los sacerdotes, mientras que el sargento Zarpate disparó a la cocinera y su hija, “que se agarraban la una a la otra”. Ávalos descubrió que “aún seguían vivas en el suelo abrazadas”, y le dijo a Sierra Ascensio que terminara de matarlas.
En 1991 se celebró un proceso judicial en El Salvador contra varios militares, que acabó “con dos condenas forzadas, para Benavides y Mendoza, los cuales quedaron en libertad en 1992 con una Ley de Amnistía, que permitió la absolución de asesinos confesos”. “Tan increíble fue la sentencia absolutoria de los verdaderos asesinos, todos ellos miembros de la unidad […] del batallón Atlacatl, que el gobierno de España y los observadores norteamericanos presentaron cargos por manipulación del jurado”, se ha observado.
En 2009 el juez admitió la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España apoyada por el Centro de Justicia y Responsabilidad, para investigar a 14 militares por su presunto asesinato de los jesuitas. Asimismo, las dos organizaciones se querellaron contra el expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani, aunque Velasco acordó no investigarlo.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the sentencing by Spanish judge Velasco of twenty military personnel for the assassination of six Jesuits, some of them from Spain, a housekeeper and her daughter, in 1989, during the Civil War. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is violence against women. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
Esta semana organismos feministas de El Salvador expresaron su preocupación por los frecuentes asesinatos de mujeres del país. Hasta abril había habido 200 casos, por lo que se les ha exigido a las autoridades que tomen medidas para combatir el problema. En palabras de Ima Guirola, vocera del Centro de Estudios de la Mujer (Cemujer): “La situación de violencia en el país, estamos conscientes, es difícil, pero lo preocupante en todo esto es que estamos siendo testigos de casos más constantes de feminicidios y creo que este problema es un llamado de atención a las autoridades a que vean el asunto”.
CEMUJER, fundado hace 18 años, es un Instituto de Derechos Humanos de las Mujeres, Niñez y Adolescencia. El instituto se define como feminista, apartidario, autónomo y respetuoso de las orientaciones sexuales. Desde su fundación trabaja con entes no gubernamentales y gubernamentales para: “Contribuir al cambio de mentalidades, actitudes y comportamientos que coadyuve a la construcción de una nueva cultura de los derechos humanos sin disparidades de género”. Para lograr estos objetivos organiza diversas actividades, incluyendo: por el Derecho a una Vida Sin Violencia; la educación para la igualdad?; y la comunicación alternativa.
CEMUJER obtuvo la personería jurídica en 1992.? Participa en procesos de prevención, denuncia e incidencia política en torno a la violencia hacia las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la niñez y adolescencia, VIH-SIDA, explotación sexual comercial en niñez y adolescencia, legislación, gestión del riesgo, democracia y gobernabilidad, y la resolución de conflictos. Fundó la Red PREVENSIDA y la Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres; forma parte del Comité Latinoamericano y del Caribe por los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y de la Concertación Feminista, entre otros.
Cemujer se ha reunido con autoridades policiales para discutir el problema de violencia contra la mujer – especialmente los asesinatos. Según Guirola, las fuerzas de la seguridad aún no se dan cuenta de la gravedad del tema.
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), frente de múltiples organizaciones feministas, afirmó que las mujeres “deben levantar la voz” para reclamar “más seguridad”. “La violencia y la criminalidad están atacando a nuestra sociedad, pero la violencia de género, en específico la dirigida contra las mujeres, es grave”, ha notado el MSM, organización cuya base es a nivel nacional. Trabaja con mujeres, jóvenes y niños para difundir el conocimiento de sus derechos y deberes sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales.
Después de un largo proceso de análisis, algunas personas decidieron crear un organismo que aglutinara a mujeres tanto de la ciudad como del campo, siendo éstas últimas lideres que venían a San Salvador, arriesgando su vida. Los problemas de las mujeres son similares en todas partes y se comenzó a hablar de cómo coordinar a los sectores. Así fue que en 1988, en plena guerra civil, se celebró la primera asamblea del Movimiento Salvadoreño de Mujeres M.S.M. en San Salvador.
El MSM es independiente y lucha por la igualdad entre los géneros, la equidad y justicia social. Sus participantes se identifican con las mujeres del pueblo, y con ellas se trabaja por lograr una nueva sociedad donde prevalezca la paz, la igualdad, el desarrollo sobre la pobreza y el respeto a las diferencias.
Según organizaciones feministas, en 2010 hubo más de 500 asesinatos de mujeres en El Salvador, pero Guirola ha advertido que ese número podría aumentar en 2011. Ya hay aproximadamente dos asesinatos de mujeres diariamente, la mayoría contra jóvenes. Mujeres de 18 a 35 años representan más del 50% de los asesinatos. En marzo, ocho estudiantes fueron asesinadas, por lo que la violencia afecta a las niñas y adolescentes de El Salvador. Los departamentos que más feminicidios han visto son San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Guatemala, El Salvador y Honduras componen la región más violenta del mundo: sobre 1.800 asesinatos de mujeres hace dos años.
This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was violence against women. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the discovery of connections between the northern highway and the Texis cartel, which is thought to have some connection to the United States Millennium Challenge Corporation, created by the Bush administration in 2004. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
Esta semana el presidente Mauricio Funes apoyó el reportaje del periódico digital El Faro sobre la existencia de una red de narcotráfico en la zona norte y noroeste del país compuesta de empresarios, alcaldes, diputados, policías y jueces. Hace tiempo que la Policía Nacional Civil (PNC) investiga al Cártel de Texis, así llamado porque algunos de sus jefes son de Texistepeque, Santa Ana. Según El Faro, el cártel está dirigido por dos empresarios que tienen los sobrenombres de “Chepe Diablo” y “El Burro”. También ha sido identificado como dirigente el alcalde de Metapán, miembro del Partido de Conciliación Nacional (PCN).
Hay de hecho una red de personas involucradas, incluyendo a jueces, un ex director de la PNC, comisionados en activo y jefes de delegación y subdelegación también de la PNC, además de policías de rangos bajos y militares. También han sido identificadas figuras políticas como el diputado del PCN Reynaldo Cardoza; la ex gobernadora de Santa Ana y candidata de ARENA a la alcaldía de esa ciudad, Patricia Costa de Rodríguez; el alcalde de Texistepeque, Armando Portillo Portillo; el ex diputado del PDC José Salvador Cardoza y otros alcaldes y concejales de diversas localidades.
Todos se encuentran implicados en las actividades de un cártel que trafica con droga, ganado y armas por la Ruta Norteña o El Caminito, que va desde el municipio de San Fernando, en la frontera con Honduras en Chalatenango, hasta el municipio de San Antonio Pajonal, cerca de Metapán en la frontera guatemalteca. Se mencionan puntos intermedios de importancia como los municipios de Dulce Nombre de María y Nueva Concepción, en Chalatenango. En este segundo la red se encuentra con la Mara Salvatrucha, encabezada por uno de los traficantes más buscados, José Misael Cisneros Recinos, alias Medio Millón. El artículo de El Faro se basa en informes de inteligencia y en declaraciones de funcionarios de la policía y del Gabinete de Seguridad del gobierno, y de ex fiscales. Los informes indican que el Cártel de Texis ha sido objeto de investigación desde hace más de diez años, y que varias veces se ha querido detener a alguno de sus integrantes. En estos momentos es la organización que más droga trafica en el país.
Las pocas veces que la Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado abrir procesos menores se han encontrado obstáculos por jueces que colaboraban con el cártel. El presidente Funes no ha dado detalles sobre el asunto, pero dijo que el Estado salvadoreño, ha estado investigándolo detenidamente mediante la PNC.
“Yo no puedo dar cuenta de lo que han hecho administraciones anteriores y por qué en administraciones anteriores no se ha avanzado”, dijo el presidente, añadiendo que la responsabilidad de judicializar el caso, en caso de encontrarse suficientes pruebas, pertenece a la FGR y al Órgano Judicial. Y ha afirmado que: “Es un caso muy delicado, que incluso mal hacemos con revelar detalles del mismo. Mal hacemos, porque estamos hablando de un cártel, que como el mismo periódico lo expone, tiene una capacidad organizativa de tal complejidad, construida a lo largo de muchos años”.
Funes observó que el cártel “ha logrado penetrar estructuras del Estado, se mencionan alcaldes, de diputados, incluso, de elementos de la policía que pudieran estar involucrados y por lo tanto, yo no voy a cometer el desatino de hablar públicamente de un caso, de revelar información sobre un caso que debería de ser manejado por la policía, por la Fiscalía y por los órganos de justicia”.
La Presidencia de la Corte Suprema Justicia (CSJ) ha informado que se investigará para determinar si se debe abrir una investigación a los jueces mencionados en el reportaje como cómplices del cártel. El comunicado de la CSJ dice que:“Debido a la relevancia de la denuncia vertida por el periódico digital El Faro.net en la noticia “El Cártel de Texis”, [del 16 de mayo], en la que se menciona la colaboración de varios jueces con el narcotráfico, la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado las indagaciones correspondientes para determinar si existen causas para proceder a una auditoría integral”. Se debe mencionar que la Carretera del Norte sigue la ruta de la droga del cártel Texis y que a su vez la Carretera y el desarrollo de la región han sido financiados por el programa de la United States Millennium Challenge Corporation, creada por la administración Bush en el 2004.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the discovery of connections between the northern highway and the Texis cartel, which is thought to have some connection to the United States Millennium Challenge Corporation, created by the Bush administration in 2004. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

(NOTE: In 3 parts)

“Gobiernos”

This editorial from Radio Sumpul cites the sentencing of a former president of Costa Rica for inciting corruption, and asks when the first ex-president of El Salvador will be charged with fraud and theft? The editorial gives numerous Salvadoran examples, with names, corporations, banks, and amounts of money involved.