Category: U.S./El Salvador Report

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the order by the government of Honduras to incarcerate Lenca leader Berta Cáceres for her anti-mining efforts. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una acción en contra de Honduras por la “criminalización” de la líder indígena Berta Cáceres, la cual tiene una orden de prisión por supuestos daños a la empresa DESA-SYNOHIDRO. Esto es según Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del CEJIL (Center for Justice and International Law).
Cáceres, indígena Lenca, coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (COPINH), está acusada de provocar daños a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. – SYNOHIDRO, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, Honduras occidental.
La jueza Alicia Reyes, del Juzgado de Intibucá, emitió el pedido de prisión preventiva el 20 de setiembre. DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, acusa a los dirigentes indígenas – también son acusados Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño – de “usurpación de tierras” y “daños”.
El caso de Cáceres ha llamado la atención de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos. Según Aguiluz esta acción del gobierno es el “ejemplo de una nueva modalidad de persecución”. Según las organizaciones que siguen su caso, se basó la sentencia en la acusación interpuesta y las declaraciones de testigos que son empleados de la empresa. Han interpuesto un recurso de amparo para detener la orden de captura contra la dirigenta.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca quiere represar el río Gualcarque, en territorios Lenca; los habitantes no fueron consultados según requiere el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras en 1995. Numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el modo en que el Gobierno ha criminalizado a los defensores de derechos humanos en Honduras.
En su página web, Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (COPINH) lo dice claramente:
“Hemos vivido estos 521 años con rebeldía, con memoria y resistencias, capaces de sostener la fuerza para enfrentar el mayor genocidio, el saqueo más descarado, depredador y criminal, el mayor desplazamiento, represión, racismo, ultrajes abominables a las mujeres y a pueblos enteros. Hemos sabido impedir nuestra desaparición como pueblos indígenas y luchar por la vida, inspiradas e inspirados en el ejemplo que nos deja Lempira, el Señor de la Sierra”.
Por eso dice:
“[E]xigimos se ponga fin a la persecución política contra el COPINH, contra la compañera Berta Cáceres, Coordinadora General, contra los compañeros Aureliano Molina, Tomás Gómez, contra miembros de base de las comunidades de Río Blanco, la Cuchilla, San Antonio Chuchitepeque. Esta persecución se ejerce desde la función judicial, haciendo montajes, acusaciones, inventando pruebas y testigos, ofreciendo sobornos, convirtiendo en despachos de las empresas a los juzgados, como en Intibucá y Santa Bárbara, al servicio de DESA, SINOHYDRO, y del Ejército Defensor de los capitales transnacionales y locales.
Y también afirma COPINH:
“Que ante la grave y sistemática violación de derechos humanos, la militarización, amenazas de desalojo, demandamos la salida sin condiciones del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, impuesto de manera ilegal e ilegítima sobre el sagrado Río Gualcarque en las comunidades de Río Blanco y norte de Intibucá, violando el derecho de Consulta Libre, Previa e Informada y del Convenio 169. Demandamos la salida inmediata de todas las fuerzas represivas de la zona, que se ponga fin al sicariato, la represión, al estado de sitio no declarado, a los abusos y corrupción de los alcaldes de la zona y diputados. Reivindicamos la reparación digna a las comunidades agredidas. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a incrementar los esfuerzos para la defensa de la vida de las comunidades de Río Blanco y de las y los integrantes del COPINH.
Por todo esto, COPINH insiste: “[E]xigimos al Instituto Nacional Agrario retomar y honrar los acuerdos suscritos con el COPINH, así como las recientes demandas, resolviendo como ya está establecido, y que sea de manera inmediata, eficaz y apegándose al Convenio 169 y al respeto de la dignidad del Pueblo Lenca.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the order by the government of Honduras to incarcerate Lenca leader Berta Cáceres for her anti-mining work. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the closing of the Legal Aid Office of the Archbishopric in San Salvador. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
La oficina de Tutela Legal, la unidad a cargo de derechos humanos de la arquidiócesis de San Salvador cerró esta semana por decisión del arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas. Los empleados dijeron que no habían recibido ningún aviso del arzobispo de la decisión. Trece personas quedaron sin empleo después de ser llamadas al auditorio del arzobispado donde el administrador les comunicó la disposición.
Wilfredo Medrano, sub director de Tutela Legal, dijo que la decisión del arzobispo no había sido responsable. En sus palabras: “El señor arzobispo ha tomado una decisión irresponsable para con la sociedad salvadoreña. Cerró con chapas, puso puertas de seguridad, implementó seguridad privada como si fuéramos delincuentes… hemos salido como villanos después de ser defensores y promotores de los derechos humanos en este pais. El legado de monseñor Romero se ha destruido”.
Según Medrano les comunicaron que Tutela Legal “ya no tenía razón de ser” y que iban a cerrar la oficina. Y explicó: “Contrataron personal de vigilancia privada que no nos permitía salir, no nos dijeron el motivo hasta que empezaron a ser despedidas las compañeras… es una grave violación al derecho, al trabajo y un desprecio a las victimas de las grandes violaciones de los derechos humanos en el país”.
Medrano expresó su preocupación por los archivos y documentación que se encuentran en la oficina y creyó que el cierre se debía a la decisión de la Sala Constitucional de haber aceptado hace poco una demanda contra la Ley de Amnistía. Observó también que “Tutela Legal tiene el archivo histórico del conflicto armado. Hay más de 50 mil denuncias de desaparecidos, asesinatos y torturados. El archivo no es de la iglesia católica, sino del pueblo que lo construyó con dolor”. Se pregunta qué va a hacer el arzobispo con el archivo ya que se ha desarticulado el equipo de Tutela Legal.
Tutela Legal fue creada en 1982; desde ese momento su misión fue velar desde la arquidiócesis de San Salvador por los derechos humanos. Este comienzo ocurrió durante la guerra civil en El Salvador la oficina estuvo dirigido por monseñor Arturo Rivera Damas después del asesinato de monseñor Romero. Fue su intención ayudar a las víctimas de la guerra con la promoción de los derechos humanos mediante el diálogo y la negociación. Algunos casos de relevancia histórica son las masacres del Mozote y del Sumpul y el asesinato de Monseñor Romero, además de casos como el de Baterías Récord.
El cierre fue abrupto e inesperado, confirmó Alejandro Díaz, uno de los cuatro abogados de la institución. Cuando se intentó obtener la versión, vía telefónica, del arzobispo José Luis Escobar, no contestaron las llamadas. Dijo Díaz: “El problema no es con nosotros, porque sabemos que nadie es imprescindible en ninguna institución. Pero nos preocupan las pruebas y archivos que ahí tenemos resguardados. Ahí queda información de unos 30,000 casos, el 80 % de los archivos que ocupó la Comisión de la Verdad…”.
El candidato a la presidencia del FMLN, Sánchez Cerén, dijo que respeta la decisión de la iglesia de cerrar las oficinas de Tutela Legal, que tuvo entre sus principales casos el asesinato del monseñor Óscar Arnulfo Romero. El presidente Mauricio Funes también dijo que le “preocupa” el cierre de la oficina, porque la iglesia católica manda una “mala señal” de que no está decidida “a acompañar las causas justas” de los salvadoreños.
El cierre ocurrió después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptara el ingreso de una demanda que busca dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1993. En 1991 se condenó a dos de siete militares acusados como autores del asesinato de 6 jesuitas (cinco españoles y un salvadoreño), una empleada y su hija; sin embargo, estas personas fueron puestas en libertad por la ley que hoy se anula.
Durante 31 años de funcionamiento, desde que fue abierta por monseñor Oscar Arnulfo Romero, más de 50 mil denuncias por violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra – y después – fueron investigadas. La ya fallecida abogada María Julia Hernández, ex directora de Tutela Legal, investigó el asesinato del arzobispo Romero y la masacre de El Mozote, donde fueron exterminados casi 1.000 campesinos. En la guerra civil salvadoreña fueron asesinadas más de 75.000 personas y 8.000 desaparecieron. Más de un millón se refugiaron en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic was the closing of the Legal Aid Office of the Archbishopric in San Salvador. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the level of violence in Guatemala. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
En Guatemala, después de tres años seguidos de descenso en la tasa anual de homicidios, se revela que esa tendencia ha parado. La Policía Nacional Civil (PNC) ha visto un 18% más de homicidios, en comparación con 2012.
Se ha teorizado sobre el efecto del narcotráfico en los niveles de violencia, pero las estadísticas de la PNC no respaldan esta causa. Desde enero hasta abril 2013, sólo hubo un narcotraficante muerto, como en 2012. Para los pandilleros, 46 fueron asesinados en el mismo período este año, tres más que en 2012. Hubo 32 muertes por extorsión en 2013, y 20 en el 2012. Existe la teoría de un incremento en la violencia de las pandillas para lograr un trato preferencial en las cárceles, como se hizo en El Salvador y en Honduras.
La mayoría de los homicidios tienen como causa problemas interpersonales: venganza, celos o peleas por deudas. Se ve un aumento en la muerte de agentes del Estado en cumplimiento de su deber (600% más) y el de víctimas colaterales (un 150% más). Sin embargo, hay un alto número de homicidios cuyo motivo se desconoce.
La debilidad institucional es una de las causas de la violencia en Guatemala, lo que ha provocado que las políticas públicas de seguridad aún no logren un descenso sostenido en el número de crímenes contra la vida, dijo en conferencia de prensa Mario Polanco, Director Ejecutivo del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Este agosto hubo 27 muertes violentas menos que en julio, pero el promedio mensual durante este año es de 514, un 5.6 por ciento más que el año anterior, según el GAM. Ha habido ya 4.112 muertes violentas este año, 573 de mujeres; los grupos del crimen organizado tienen que ver con el aumento de las cifras. Las muertes violentas de hombres han disminuido, pero no las de las mujeres; 45 mujeres o niñas son asesinadas cada mes.
También aumentaron las muertes de niños y niñas en más del 17 por ciento; las más afectadas: niñas menores de 15 años. En el caso de personas menores de edad, no hay hipótesis establecidas, aunque podrían deberse al crimen organizado. Cree Polanco que cuando los jóvenes ya no son útiles al grupo, son asesinados para que no hablen. También hay peleas entre pandillas y violencia intrafamiliar.
El costo de controlar la violencia en Guatemala representó casi 8% del producto interno bruto en 2012. Según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), una organización privada, se gastaron US$6.730 millones en salud y atención médica, y en seguridad privada, seguros, etc.
Se calcula que cada 100 minutos hay un asesinato en el país, el quinto en América Latina entre los países que más fondos públicos dedican a luchar contra la violencia, después de Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela.
El proyecto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), “Prevención de la Violencia” lanzó una campaña de comunicación para la prevención de la violencia a nivel local y nacional. Se busca introducir la idea de que la educación, el deporte, el arte y el trabajo son alternativas a la violencia en Guatemala. Se busca alianzas con el sector privado, el gobierno, gobiernos locales y otras organizaciones para divulgar mensajes.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lleva tres años con iniciativas de prevención de la violencia en Guatemala, Alta Verapaz y Chiquimula con programas de educación, inserción laboral, participación cívica y organización comunitaria. Se usan mensajes como “Manos arriba, unámonos contra la violencia”, “La prevención de la violencia es trabajo de todos y todas”, “Mándame a la escuela, no a la cárcel” y “Mete golazos, no balazos”.
La Policía Nacional Civil (PNC) aumentó a más de 26.700 los miembros de las fuerzas de seguridad con la promoción de 1.735 agentes nuevos. La estrategia oficial quiere contrarrestar la violencia que cobra la vida de al menos 14 personas diarias, en este país de más de 15 millones de habitantes.
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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the recurring problem of kidney disease and use of pesticides. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El 6 de este mes la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario. Esto incluye la prohibición de 53 ingredientes activos de plaguicidas, en el grado técnico o como producto formulado. Es la respuesta a los muertos por enfermedad renal crónica no tradicional que ha habido en diversos municipios.
Estos productos deberán desaparecer del mercado en un plazo de uno o dos años y serán sustituidos por sustancias no dañinas a la salud humana ni al ambiente, según dijo el presidente de la comisión de medio ambiente del congreso y diputado de GANA Francisco Zablah.
El nuevo decreto, aprobado con 45 votos de los diputados del FMLN, GANA y Unidos por El Salvador, incluye otra reforma legal: se exige la creación de un comité técnico compuesto de los ministerios de Agricultura, Salud y Medio Ambiente, para “la revisión, el perfeccionamiento y registro, autorizaciones y prohibiciones de plaguicidas y fertilizantes, en concordancia con las características regionales, de país y con las normas internacionales”.
Los importadores de pesticidas o fertilizantes “deberán asegurar que el producto contenga un manual o instructivo en castellano”. Por su parte, los distribuidores tienen que explicarles a los agricultores cómo utilizar los productos y qué medidas de protección se requieren.
Otra reforma legal es que el Ministerio de Agricultura tendrá que supervisar que el rocío aéreo de los productos agroquímicos permitidos por la ley no se lleve a cabo a menos de 100 metros de las viviendas ni sobre los cultivos de alimentos pertenecientes a la dieta básica salvadoreña.
La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), insiste que las reformas le quitarán las herramientas a los agricultores para producir sus cultivos. El director de CAMAGRO, Luis Felipe Trigueros, explicó que más de 400,000 productores de granos básicos podrían ser afectados, sobre todo porque se podría tardar hasta 16 días en preparar su terreno, cuando normalmente se tarda una mañana con los productos que fueron prohibidos. “Creemos que esto (prohibir los agroquímicos) no es lo más conveniente, y se está sentando un mal precedente para la agricultura”, dijo Trigueros.
Los distribuidores dicen que la prohibición fomentará el contrabando desde Honduras y Guatemala y que se podrían prohibir productos cultivados con pesticidas prohibidos.
En 2000 y 2004, fueron aprobados dos decretos para prohibir el uso de estas sustancias, pero nunca se puso en práctica. El presidente Mauricio Funes tendrá ahora que decidir cómo actuar dado el nuevo decreto legislativo.
Los altos índices de enfermedad renal en El Salvador empezaron a aparecer en los medios de comunicación hacia mediados de agosto, cuando los análisis de agua y tierra hechos por el Instituto de Medicina Legal confirmaron la presencia de contaminantes en San Luis Talpa. Rara vez se menciona en la prensa la conexión entre los peligrosos agroquímicos importados y un proyecto de ley para la regulación de estos productos que fue introducido por el Ministerio de Salud como un esfuerzo para combatir la crisis de salud.
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Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the sentencing of Colonel Montano for immigration fraud. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
A finales de agosto un juez de Massachusetts sentenció al coronel jubilado del ejército salvadoreño Inocente Orlando Montano a 21 meses de cárcel más un año de libertad vigilada por haber mentido a autoridades migratorias norteamericanas. Por un lado Montano fue juzgado por haber mentido sobre la fecha de su entrada a los Estados Unidos y por haber ocultado su pasado militar, pero claramente el juicio tenía un fondo de violencia: la guerra civil salvadoreña que sufrió el país desde 1980 hasta 1992. Montano es uno de 20 militares acusados ante una corte española de haber participado en el asesinato de seis curas jesuitas en 1989. Porque Montano era viceministro de seguridad pública en el momento del crimen, su responsabilidad ha sido especialmente criticada y denunciada.
El coronel jubilado comienza a servir la sentencia a partir del 11 de octubre. Estará en una prisión nacional de Massachusetts que permita ofrecerle atención médica para sus problemas de salud. Montano tiene 70 años, utiliza bastón para andar, tiene la tensión arterial elevada y toma medicinas diariamente contra infecciones, todo esto según informe de su abogado al juez antes de ser dictada la sentencia. Al cumplir su condena, o bien Montano podrá ser deportado a El Salvador o extraditado a España.
Después de escuchar la sentencia, el abogado de Montano explicó en español los detalles de la sentencia al militar y tres de sus familiares. Por su parte, Montano dijo a su abogado que reconocía haber cometido un error y sabía que los errores se deben pagar. En sus propias palabras, “Estoy satisfecho con la sentencia”, dijo Montano. Su abogado, Oscar Cruz, concuerda y dijo: “La corte hizo grandes esfuerzos para ser justos con Montano”.
El fiscal John Capin, representante del gobierno estadounidense, había pedido 51 meses de prisión para Montano, argumentando que el ex-militar había mentido a las autoridades migratorias a fin de huir de una posible investigación por su responsabilidad en el asesinato de los jesuitas y sus dos empleadas. Capin basó su argumento en un informe de la profesora Terry Karl, profesora de política latinoamericana en la Universidad de Stanford y experta en El Salvador. Karl ha afirmado que cuando Montano salió de El Salvador era muy probable que se organizara una investigación judicial por la presunta actuación de él y la de otros militares en la masacre de los jesuitas.
En prisión se espera una petición de extradición a España, según Almudena Bernabéu de la parte acusadora. Bernabéu cree que la condena es positiva, por ser lo máximo que indica la guía federal estadounidense para este tipo de delitos. El Center for Justice and Accountability subrayó que el juez Douglas Woodlock había declarado en su sentencia que sí había prueba de la responsabilidad de Montano por ser éste alto oficial durante el conflicto armado salvadoreño cuando las violaciones fueron cometidas por sus subordinados.

Empezó el proceso contra Montano cuando fue detenido en abril de 2011 en Estados Unidos por negar su pasado militar en los documentos migratorios que presentó. Reside en Estados Unidos desde 2002.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the sentencing of Colonel Montano for immigration fraud. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss an interview with Roberto Lorenzana of the FMLN as he evaluates his party’s achievements in the past four years. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
En una entrevista dice Roberto Lorenzana, ideólogo del FMLN, que su partido no quitará vacas ni expropiará las propiedades a la gente ni convertirá la incipiente democracia en un régimen totalitario. El FMLN hace pronósticos positivos: las últimas encuestas – una del conservador “El Diario de Hoy” ve su posible triunfo electoral en las presidenciales de 2014. Desde septiembre de 2012, el FMLN aumenta su fuerza, mientras que ARENA disminuye. El FMLN tratará de continuar en el poder que le costó conquistar.
Se le preguntó a Lorenzana: A seis meses de las elecciones presidenciales de El Salvador ¿cómo está el FMLN? Sus respuestas son las siguientes:
Hubo un período entre Semana Santa y las Fiestas de Agosto, que sirve para hablar de todo. Se dio el cuarto mensaje del gobierno con las ideas acerca de la evaluación del cuarto aniversario. ARENA dice que han sido cuatro años de fracaso; nosotros destacamos los logros de estos cuatro años y la valoración de la gente en las encuestas; ha habido un cambio positivo. Hay que desarrollarlo; la gente piensa que el FMLN puede mantener ese proceso.
Se agradece el reconocimiento que la gente hace a este esfuerzo del gobierno y sabemos que es un desafío. Todavía hay que aumentar los beneficios a la gente, para que los cambios lleguen a toda la sociedad, para que haya mayor desarrollo.
Lo social es lo fundamental. Ningún otro gobierno ha tenido los niveles de inversión social del FMLN. Hay cosas evidentes, como los paquetes escolares, las medicinas más baratas, la construcción de hospitales, la entrega de casi 40.000 títulos de propiedad. En cuatro años se han entregado más títulos de propiedad que en 20 años de gobiernos de ARENA.
Hay apoyo a la agricultura familiar: en 2012 vimos la producción más alta de maíz del país; la producción de frijol ha aumentado; hay que reducir importaciones. Está llegando el beneficio a los sectores rurales; por eso el FMLN tiene apoyo en esas zonas.
En salud se ha duplicado el gasto de medicamentos. Pero todavía no llegan medicamentos a todos: se eliminaron las cuotas de los hospitales y las unidades de salud, y así la gente va más a consulta. Se crearon los Equipos Comunitarios de Salud – casi 4.000 personas para atender a las comunidades en el campo. Así, la medicina no llega y hay que incrementar la inversión en salud. Un ejemplo: se entregan 800.000 vasos de leche, dos o tres días a la semana. Queremos que la leche llegue a todos los niños y todos los días. Eso significa hay que ampliar.
El FMLN ha estado trabajando para elevar la inversión. Ha habido reformas a la Ley de Zona Franca para facilitar inversiones en materia de maquila, particularmente de la industria textil. Eso aumentará el empleo en los próximos años. También se aprobó el Asocio Público-Privado, para atraer inversiones.
Se creó la Banca de Desarrollo, que trabaja con la micro y pequeña empresa, generando más empleo. Cuando la economía de los Estados Unidos se recupere, aumentarán las exportaciones.
En el campo agropecuario se seguirá invirtiendo, sobre todo en la agricultura familiar. El programa del Vaso de Leche ha contratado casi 4.000 pequeños ganaderos; si aumentamos la distribución de leche al 100% de los escolares, posiblemente ese número de ganaderos se duplique. Antes el vaso de leche costaba 20 centavos en las plantas, el Estado lo está comprando a 45 centavos. Incluso, las plantas han tenido, con la escasez de leche, que aumentarles el precio a los ganaderos.
¿Cómo en FMLN puede garantizar la democratización en el país?
La reforma política del gobierno de Mauricio Funes es la reforma que impulsó el FMLN. El partido siempre estuvo a favor de la Ley de Acceso a la Información. Los gobiernos de ARENA nunca quisieron aprobarla, y antes los niveles de acceso a la información que hay hoy no existían.
El Voto en el Exterior fue otra iniciativa apoyada por el FMLN durante años. Funes la promueve, pero fue una propuesta del FMLN; se han ampliado los espacios democráticos, las rendiciones de cuentas que antes no se hacían.
El FMLN respeta la Constitución; no promueve la violación a los derechos de libertad de culto. Se preguntó si llegaría el FMLN van a quitarle las vacas, expropiaría gente, quemaría las biblias. Se mostró que eso no va a pasar.
Se quiere darle continuidad a la política exterior que empezó con Funes. Estados Unidos es una prioridad en las relaciones internacionales – ahí está un tercio de la población salvadoreña – y es nuestro socio comercial más importante. Queremos ampliar mucho las relaciones internacionales; ya se abrieron relaciones con Vietnam, Cuba y Rusia. Hay una buena relación con América del Sur, aunque debe hacerse más intensa.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed an interview with Roberto Lorenzana of the FMLN, who evaluated his party’s achievements in the past four years. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the demand by opposition party ARENA that Munguía Payés, Funes’ Minister of Defense, resign. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
ARENA acaba de pedir al presidente Mauricio Funes, la destitución inmediata del ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, porque lo acusa de politizar y aprovecharse de su relación con la Fuerza Armada al criticar a Norman Quijano, candidato presidencial. Munguía Payés utilizó términos como “cínico y mentiroso” para referirse a Quijano, quien ha criticado la tregua con las pandillas.
Jorge Velado, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), exigió la dimisión de Munguía Payés acompañado de los diputados del partido diciendo: “Lo que es absolutamente intolerable es la flagrante violación al mandato constitucional plasmado en el artículo 211 de la Constitución, que ordena que la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante”.
Por su parte, Munguía Payés agregó que había intentado mantener a la Fuerza Armada separada de la política, pero se vio “obligado a reaccionar ante las declaraciones irresponsables” del candidato Quijano. En cambio, ARENA ha acusado a Munguía Payés de ser “el promotor de la negociación con las pandillas” y dice que ha autorizado al exviceministro Douglas Moreno a llevar a cabo esas negociaciones.
Afirma Velado: “Si el presidente no reacciona, nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias y porque se cumpla la Constitución de El Salvador”. El líder de COENA se refirió también a la acusación del fiscal general, Luis Martínez, el cual ha denunciado a Munguía Payés por haber creado barreras en varias ocasiones para llevar a cabo varios operativos contra pandilleros.

El ministro de la Defensa ha sido interrogado de nuevo por el sector militar del parlamento y a la vez fue acusado de usurpar funciones a las autoridades de Seguridad Pública. En cuanto a esta acusación, Munguía ha sido respaldado por el presidente Funes.
Munguía Payés ha declarado a los medios de comunicación que esta es una petición que será dirigida al presidente de la República y que por lo tanto Funes es quien va a hacer públicas las declaraciones.
Quijano dijo que respeta personalmente a Munguía Payés pero que critica el trabajo del Ministro de Seguridad. “Sus expresiones bastante groseras contra este servidor transgreden y traspasan el límite que debe tener quien está al frente de una institución que nació, eminentemente, apolítica”, son palabras de Quijano.
También dijo Quijano que Munguía Payés es el primer ministro de la Defensa, después de los Acuerdos de Paz, que expresa posturas políticas al frente de la Fuerza Armada. Algunos creen que estas posturas violan la obligatoria apoliticidad de la Fuerza Armada salvadoreña.
Quijano se niega a dar su opinión sobre las acciones que mantiene el alcalde de de Ilopango y miembro del partido político de ARENA, Salvador Ruano. Por su parte, Ruano trabaja con las pandillas de su municipio. Quijano en este caso cita la autonomía municipal que tienen los jefes de comuna.
Según ARENA, el artículo 211 de la Constitución de la República declara que la Fuerza Armada será una institución “obediente, profesional, apolítica y no deliberante”. Como consecuencia, Munguía Payés habría actuado en contra de la Constitución.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the demand by opposition party ARENA that Munguía Payés, Funes’ Minister of Defense, resign. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we again discuss the serious effects of cliimate change in El Salvador. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El clima de El Salvador es cada vez más preocupante: es uno de los países más áridos de Centroamérica. En la última década se ha visto un aumento de 1.3º C de temperatura aunque la tierra en general ha visto un aumento 0.8º C en el último siglo. “En El Salvador ya estamos experimentando esa variabilidad climática extrema”, dijo el ministro de Medio Ambiento y Recursos Naturales, Hermán Rosa Chávez.
Entre 2009 y 2011 en El Salvador hubo 3 acontecimientos climáticos que dejaron daños y pérdidas económicas de casi 1,300 millones de dólares. Esto equivale al 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Rosa Chávez explicó que se ha bajado el número de muertos; sin embargo, no se ha podido reducir las pérdidas económicas. “Hemos reducido las muertes, pero las pérdidas económicas son gigantes y van a seguir creciendo y crecerán todavía más si no avanzamos seriamente en adaptación”, ha observado el ministro.
Los países al norte de Centroamérica están en las zonas con mayor índice de riesgo climático global. En comparación, Costa Rica y Panamá son menos vulnerables, y el efecto es mayor en países como Guatemala y El Salvador, según el ministro de Medio Ambiente.
Rosa Chávez ha descrito algunos programas que están implementando para restaurar el país. Uno de ellos es el “Programa Nacional de Restauración de Ecosistema y Paisajes (o PREP)”, cuyo objetivo es transformar el campo cultivable y recuperar ecosistemas que se encuentran en estado crítico. Esto significará de hecho restaurar la mitad de el país, y supone trabajar con un millón de hectáreas.
En cambio, Costa Rica es uno de los países de la región con menos vulnerabilidad en cuanto a la situación climática. La viceministra costarricense, Tania López, habló del trabajo que están haciendo para solventar un poco esta situación. Explicó el Programa de Producción Sostenible que colabora con el Banco Interamericano de Desarrollo. En este programa se incentiva a las personas para que vayan conscientizándose y utilicen apropiadamente los recursos naturales.
También dijo López que el tema climático es un tema que debe afectar a las políticas públicas y que en cuestiones de cambio climático la mitigación y la adaptación van juntas. Afirmó ella que “Nosotros estamos completamente convencidos que lo que hagamos en mitigación va a tener un efecto muy importante en adaptarnos de mejor forma a todo lo que estamos sufriendo”. López lo dijo muy claramente: “El cambio climático es un tema que empieza por decisiones personales”.
Todos los participantes del encuentro saben que hay cosas que no resultan completamente claras, y que también hay certezas. Una de esas certezas es el hecho de que el Calentamiento Global continuará, que habrá cada vez más variabilidad climática y que crecerán a pasos agigantados las pérdidas y daños en la región.
Participaron en el diálogo que tuvo lugar a comienzos de este mes representantes de Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y también los de México y Estados Unidos.
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