Category: U.S./El Salvador Report

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic is the recent international mining conference. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (La Mesa) organizaron la Conferencia Internacional “Minería de Oro y la Defensa del Agua en El Salvador” en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Los objetivos: ampliar el debate público sobre la minería metálica y los impactos en el agua, y apoyar a las comunidades salvadoreñas en la lucha contra la reapropiación de sus tierras.
Los temas fueron: las perspectivas legislativas para la prohibición de la minería metálica; el proyecto minero Cerro Blanco; Río San Sebastián y la contaminación por la extracción de oro; el conflicto con dos empresas mineras en el marco de los Tratados Internacionales de Comercio. Se habló del daño a la salud de las comunidades y los ecosistemas, la impunidad ambiental y los derechos humanos. La conferencia fue apoyada por OXFAM América, Proyecto Planeta Azul, Mining Watch Canadá y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, defensoras del agua y la justicia social y ambiental.
El Salvador es el único país de la región del triángulo norte que ha detenido la explotación minera con la posibilidad de aprobar una ley que prohíba la minería metálica y regule la no metálica de forma adecuada. Honduras y Guatemala favorecen los intereses mineros. Honduras aprobó 550 proyectos, 12 de ellos en la frontera. En El Salvador hay más de 70 proyectos de extracción esperando permisos.
La Mesa pidió solidaridad con los indígenas, especialmente los de Guatemala, donde cuatro municipios están en estado de sitio, a favor de las empresas mineras canadienses. En Latinoamérica, los más afectados por la minería son indígenas. José María Tojeira, representante de la Iglesia Católica, dijo que la actividad minera es inmoral: aumenta la pobreza e imposibilita el desarrollo local.
Las organizaciones participantes quieren que se apruebe una ley antiminera. La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Lourdes Palacios y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que aún no se ve la aprobación de un proyecto de ley favorable para los intereses públicos. La Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Yanira Cortez, describió cómo no se han respetado los derechos humanos con los proyectos mineros en El Salvador. Se ha complicado la lucha por evitar la contaminación del Río Lempa. Los daños a los ecosistemas no tienen remedio.
El impacto del desarrollo extractivo en Latinoamérica fue tema de comentario. Juliana Turqui, coordinadora del programa regional de industrias extractivas de OXFAM América, expresó su preocupación por la región y por la política conservadora de los gobiernos, que ven la minería como fuente de desarrollo. Le preocupa que El Salvador no tenga una ley que prohíba la minería a pesar de los esfuerzos de la Mesa y habló sobre las campañas contra la minería y la visión estratégica para la lucha antiminera.
OXFAM América dice que la minería aporta poco al Producto Interno Bruto. Los costos ambientales y sanitarios son mucho más altos. Hay 60 demandas a estados por industrias extractivas, la mayoría de América Latina.
Participantes de 12 países presentaron propuestas para crear conciencia de la lucha antiminera salvadoreña a nivel mundial; para luchar contra Pacific Rim, (de Canadá) y Commerce Group, (de Estados Unidos) y para que retiren las demandas contra el Estado salvadoreño. Visitaron la mina San Sebastián en La Unión y la mina Cerro Blanco en Guatemala y conocieron la problemática en Cabañas. “Nuestra visita se da en tiempos que dos de estas empresas, Pacific Rim y Commerce Group están demandando en un tribunal en Washington al Estado salvadoreño por más de 400 millones de dólares,” dicen los de la Conferencia.
En 2011, El Salvador ganó una demanda interpuesta por la empresa minera estadounidense Commerce Group, pero debió pagar 800.000 dólares en costos legales; la compañía minera busca que se anule la decisión en su contra.
Actualmente la minera canadiense Pacific Rim pide a El Salvador 315 millones de dólares – aproximadamente el 1,8 por ciento del producto interno bruto del país, según Manuel Pérez Rocha, representante del Instituto de Estudios Políticos, por bloquearle un permiso de exploración.
Sobre la mina Cerro Blanco, la coalición dijo que la minera Goldcorp utilizó “estrategias perversas” para instalarse, violando el derecho de las comunidades para oponerse. Esas estrategias son engaños a la gente y a los habitantes de la zona le “han construido pozos pero no les han dicho que el agua cuando esté contaminada no la podrán usar”. Las empresas han ayudado a la comunidad para ganar su apoyo.
Se pide al gobierno canadiense que retire su apoyo a Pacific Rim y Goldcorp, por las amenazas y abusos a los derechos de las comunidades en El Salvador. Según Pérez Rocha: “seguiremos posicionando internacionalmente el caso de Pacific Rim como un ejemplo de sistema perverso que se cobija bajo los tratados de libre comercio”.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic was the international conference on mining activity. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is part 2 of the trial against ex-dictator of Guatemala, Efraín Ríos Montt. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Patricia Yoj, abogada maya y una de las mujeres que han ayudado al equipo coordinado por la valenciana Almudena Bernabéu dice: “Cada día hay nuevos casos de violencia sobre todo contra las mujeres”. “Guatemala se ha convertido en la capital de los feminicidios de América Latina, superando incluso a Ciudad Juárez”. Los asesinatos de mujeres –más de 700 en 2012– suelen ir acompañados de torturas y mutilaciones. Y añade: “el asesinato y la tortura sexual se han convertido en lo normal, tan solo el 2% de estos casos llegan a ser juzgados”. Pero las masacres, violaciones y torturas no pudieron detener “al enemigo subversivo”. Entre 1978 y 1983, el quinquenio negro, las matanzas se volvieron indiscriminadas.
El ejército de Guatemala, bajo Efraín Ríos Montt, condujo en 1982 una campaña contrainsurgente, el Plan de tierra arrasada, para masacrar campesinos, según Kate Doyle, analista documental, en su informe sobre Guatemala para el National Security Archive. Los datos de sus operaciones están en un documento secreto, Operación Sofía, que surgió en 2009 de forma anónima. Son más de 350 páginas con referencias del asesinato de hombres desarmados, mujeres y niños, la quema de viviendas, destrucción de cosechas, sacrificio de animales y bombardeos aéreos de refugiados que intentaban escapar de la violencia. Doyle fue la encargada de verificar estos documentos.
Se cree que hubo un millón y medio de desplazados, que se ocultaron en las montañas sin comida ni ropa. Si salían, los mataban; son las comunidades de población en resistencia (CPR). En las huidas, muchos perdieron a sus familiares. “Los niños que se extraviaban eran asesinados o quemados. Les clavaban hachas en la cabeza, los degollaban, a veces nos bombardeaban con helicópteros mientras huíamos”, recuerda una mujer.
En la ciudad de Guatemala hay fosas comunes en el cementerio municipal. Con Fredy Peccerelli, director del equipo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. … se busca a los 45.000 desparecidos que forman parte de las 200.000 víctimas del genocidio. Peccerelli lleva desde los años noventa tratando de documentar uno de los peores genocidios de América Latina. Dice que en Guatemala hay 6.000 asesinatos al año, porque nunca hubo justicia en los crímenes anteriores. Y añade: “Muchas de las personas que cometieron esos crímenes están hoy en el poder”.
Después de las exhumaciones de las fosas comunes en el Quiché, Peccerelli organizó un proyecto que puede cambiar el futuro de Guatemala. “Aquí fueron arrojados… los restos de personas ladinas que ahora serían las nuevas generaciones de líderes de Guatemala… yacen con un tiro en el cráneo escritores, periodistas, pensadores, sindicalistas…”. “Hemos exhumado miles de cuerpos de víctimas mayas asesinadas … la sociedad guatemalteca no le ha dado importancia a lo que allí ocurrió. En Guatemala hay quien piensa que es mejor no abrir las heridas, pero “Las heridas nunca se cerraron, están abiertas e infectadas”.
Peccerelli y Bernabéu creen que el juicio contra Ríos Montt cambiará la historia de Guatemala, silenciada por el terror. “… son 11 años de batalla legal”, afirma Bernabéu y continúa: “El auto de procesamiento de 2007 dictado en España y los posteriores arrestos de algunos de los procesados fueron un golpe para ellos y un estímulo para todos nosotros. Desde esa fecha, los procesados empezaron a cerrarse la puerta de la jaula por dentro. Entonces la existencia de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, apoyada por la ONU, la perseverancia de una sociedad civil incansable y el nombramiento de Claudia Paz como fiscal general han sido el resto de factores clave para lo que está aconteciendo”. Y afirma: “Es crucial que se sepa la verdad, que se reconozca a las verdaderas víctimas, que se las repare y se las dignifique”.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is part 2 of the trial against ex-dictator of Guatemala, Efraín Ríos Montt. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is a bit different. We present issues concerning the trial of ex-president of Guatemala Ríos Montt for crimes against humanity. This week is the first of two parts. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

“Las heridas de Guatemala” reza un titular de periódico. El juicio abierto al general Ríos Montt por genocidio pone al país ante los horrores de su pasado y de una guerra interna con 200.000 muertos, más del 80% indígenas en las zonas rurales, víctimas de torturas sistemáticas, parte de un plan organizado desde el ejército para acabar con su etnia y apoderarse de sus tierras, según el informe Guatemala: memoria del silencio, elaborado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico y apoyado por la ONU. Después de la toma del poder en un golpe de Estado en 1982 por el general José Efraín Ríos Montt, la violencia aumentó.
Durante los años cuarenta, las desigualdades sociales entre una población mayoritariamente indígena y una minoría ladina –población mestiza o hispanizada–provocaron movimientos sociales. Entre 1944 y 1954 se produjo la primavera democrática, cuyas reformas agrarias favorecían a los más pobres. Esto no les gustó a la multinacional estadounidense United Fruit Company ni a los terratenientes. EEUU llamó las reformas “comunistas”, de influencia soviética. En 1954, la CIA provocó un golpe de Estado en Guatemala –la Operación Success– para destituir al presidente electo Jacobo Arbenz y poner al coronel Castillo Armas en su lugar. No hubo más reformas, se prohibieron los sindicatos y empezó la sucesión de militares en el poder. Usando el racismo, se creó un plan de exterminio de la etnia indígena, acusándola de ayudar a la guerrilla.
“En Guatemala existe un racismo claro contra la población maya y se utilizó para destruirla sin que el resto de la sociedad hiciera nada”, señala la abogada española Almudena Bernabéu. Bernabéu dirige el equipo legal internacional que reunió la prueba de genocidio para el caso de Guatemala. En 2006 la valenciana Bernabéu, que trabaja en casos de justicia universal en la Audiencia Nacional y en Estados Unidos con la ONG Center of Justice and Accountability, se incorporó al caso de Guatemala.
Un ejemplo del racismo es como el ejército en las operaciones militares se refería a los niños asesinados como “chocolates”. Hubo: 626 asesinatos y un millón y medio de desplazados entre 1978 y 1983.
La primera demanda por genocidio, terrorismo y tortura sistemática contra Ríos Montt y otros siete oficiales del Ejército guatemalteco fue presentada en la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999. Menchú, laureada en 1992 por su lucha en la defensa de los pueblos indígenas, tuvo que ver cómo su padre fue quemado vivo por agentes comandados por el general Lucas García junto a 36 personas más en la Embajada española de Guatemala mientras se manifestaban de forma pacífica por sus derechos.
“Siete años después de que Rigoberta interpusiera la querella por genocidio, el caso se había estancado… en 2006 cuando decidieron acudir a nosotros”, explica Almudena Bernabéu. La exitosa experiencia de esta abogada en el caso jesuitas de El Salvador, en el que consiguió demostrar la culpabilidad del exviceministro salvadoreño por los asesinatos de jesuitas españoles, avalaba su trabajo. La Audiencia Nacional dictó en 2007 un auto de procesamiento por genocidio contra los ocho generales guatemaltecos. Cuando el proceso estaba ya en marcha, las autoridades de Guatemala se negaron a extraditar a los acusados. El juez Santiago Pedraz invitó a declarar a los testigos de las matanzas a España.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was about Guatemala, El Salvador’s neighbor. We presented issues concerning the trial of ex-president of Guatemala Ríos Montt for crimes against humanity in the first of a two part report. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic is the continuing struggle to suspend mining activity in the country. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Pac Rim Cayman, filial de la empresa canadiense en EE.UU., acudió a un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para juzgar si El Salvador violó sus leyes de inversión al negarse a emitir permisos para la explotación de oro y plata. El gobierno salvadoreño rechazó la propuesta porque la empresa no había cumplido los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería. Pacific Rim, empresa minera canadiense, demandó al estado salvadoreño por US$315 millones por no haberle permitido extraer oro y plata.
La transnacional quiere llevar a cabo el proyecto de la mina El Dorado, municipio de San Isidro, departamento de Cabañas. El Ciadi decidirá si El Salvador tiene responsabilidad monetaria por el incumplimiento de cualquiera de las protecciones de inversión para los extranjeros según el Tratado de Libre Comercio que El Salvador firmó. La compañía insiste que el proyecto fue presentado a las autoridades salvadoreñas hace ocho años y satisface los requisitos ambientales de Estados Unidos. El gobierno de Mauricio Funes rechazó la iniciativa y dijo que la empresa no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos que exige la legislación salvadoreña.
Pacific Rim llegó al país con un permiso de exploración aprobada por el gobierno de Francisco Flores en 2002. La empresa minera dice que invirtió millones de dólares en la investigación y aseguró que los estándares ambientales del diseño de la operación de la mina representan “nuevos precedentes” en el continente y supera los requisitos actuales en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el expresidente Antonio Saca negó los permisos de operación a los proyectos.
En 2009 Pacific Rim solicitó un arbitraje internacional y ahora dice que El Salvador suscribió el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR), y en la Ley de Inversiones. En junio de 2012, el CIADI rechazó el amparo de la empresa en el Cafta por no tener una relación directa con el tratado. En los últimos cinco años, la iglesia católica y diversas organizaciones ambientalistas han exigido que el gobierno de Funes cree un decreto que prohíba la extracción minera metálica a cielo abierto.
Esta semana La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica solicitó a la Asamblea Legislativa que no ratificara el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Después de la solicitud que hizo a la Asamblea Legislativa en julio de 2012, la Mesa Nacional se presentó al Palacio Legislativo para exigir la no ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (ADA). Los ambientalistas y luchadores sociales entregaron copias de la carta a las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores. “El ADA, cambiará las tradicionales relaciones entre ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político, ya que los flujos de cooperación externa para el desarrollo se canalizarán hacia mecanismos de mercado, apoyo empresarial y fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de viabilidad a dicho acuerdo comercial”, señala el documento.
Otro punto central de los reclamos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se centra en que la ratificación del AdA limitará aún más la capacidad de los países centroamericanos de definir sus propias estrategias económicas y de integración. “Como se ha demostrado con la vigencia del TLC con Estados Unidos, estos acuerdos ponen en desventaja los intereses de los pueblos centroamericanos respecto a los intereses extranjeros. Las actuales demandas que buscan extorsionar a nuestro país por las transnacionales mineras en el seno del CIADI son el mejor ejemplo de esto”, dice la carta.
La Mesa Nacional representa a comunidades, iglesias y organizaciones sociales y no gubernamentales, que consideran el AdA como una amenaza para los derechos humanos, laborales y ambientales de la población salvadoreña. Las solicitudes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica a las Comisiones de Economía y Relaciones Exteriores son:
1. Que haya un debate público serio, abierto e inclusivo para no repetir una ratificación ilegal como se hizo con el CAFTA DR.
2. Que NO SE RATIFIQUE el Acuerdo de Asociación entre El Salvador, como parte de los países de Centroamérica, con la Unión Europea.
3. Que se convoque al seno de la Comisión legislativa que estudiará la No ratificación.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic was the continuing struggle to suspend mining activity in the country. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is once again the history of the crimes committed by Coronel Montano, currently residing in the US. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
En el informe de Terry Lynn Karl, experta estadounidense en América Latina, la carrera del ex ministro de Defensa, coronel Inocente Orlando Montano, no se puede relacionar sólo con la conspiración en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas; es culpable de más crímenes. El documento, presentado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Massachusetts, explica los pasos que Montano siguió en su ruta para ascender al poder. Acusado de fraude migratorio y de violaciones a los derechos humanos, fue uno de los dirigentes de la guerra contrainsurgente en El Salvador.
Karl se remonta a la presidencia del general Carlos Humberto Romero, cuando Montano estaba en el Ministerio de la Defensa y fue enviado a Chile, donde los “oficiales que admiraban a Pinochet viajaban a estudiar métodos de inteligencia”. Cayó Romero y Montano fue trasladado al Estado Mayor Conjunto. “Esta era una posición central, una unidad secreta que se estableció para la vigilancia de los objetivos políticos y la eliminación de individuos específicos”, dijo la profesora, del Instituto de Estudios Internacionales “Spogli Freeman”. ANSESAL (Agencia Salvadoreña de Seguridad Nacional), fue desmantelada por orden de la Junta Revolucionaria; sin embargo, las informaciones pasaron a Roberto d´Aubuisson–fundador del partido derechista ARENA y de los escuadrones de la muerte – quien las depositó en la unidad que dirigía Montano.
El Estado Mayor también recibía datos enviados por las Secciones de Inteligencia y Operaciones de la Guardia y Policía Nacional y de la Policía de Hacienda. “Ésta era la unidad central de control de un aparato militar de muerte que eliminaba civiles presuntamente de oposición al régimen”. El nuevo puesto ayudó a Montano a fortalecer las relaciones con la Escuela Militar,y con “los que se dedicaban a actividades de escuadrones de la muerte”
En 1981, Montano fue nombrado Oficial Ejecutivo del Destacamento Militar N° 6 de Sonsonate, con la tarea de “convertir las órdenes en acciones”. Poco después, en el departamento del Occidente empezó a haber asesinatos de civiles. En la masacre del “Pozo de la Muerte” fueron asesinadas más de 20 personas. Los militares amenazaron a los familiares que reclamaron los cuerpos.
Montano fue designado Oficial Ejecutivo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “Belloso”, al que le atribuyen 26 asesinatos y dos desapariciones. Los Batallones de Reacción Inmediata nacieron en la Escuela de las Américas, en Panamá, con patrocinio de EUA. El primero de estos cuerpos fue el “Batallón Atlacatl”. En mayo de 1982, tropas del “Batallón Belloso mataron a cientos de civiles, incendiaron aldeas, quemaron cosechas y persiguieron a miles de campesinos en las montañas”. Los sobrevivientes denuncian cómo los soldados nunca trataron “de distinguir entre guerrilleros y civiles”. La ofensiva militar provocó la serie de desapariciones forzadas de niños y niñas.
Cuatro meses después de la “Guinda de Mayo”, Montano coordinó la masacre de “El Calabozo”, en San Vicente. Fueron asesinadas más de doscientas personas, según el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993, publicado por la ONU. La cúpula militar negó los hechos. Las ejecuciones masivas, desapariciones y destrucciones de poblados se intensificaron bajo Montano.
En diciembre de 1982, Montano fue trasladado al “Batallón Arce”. “El Teniente Coronel Montano sabía cómo llevar una guerra: contrario a las normas del derecho internacional y a la ley salvadoreña; civiles sin armas, de hecho, eran un objetivo militar”. Montano también tuvo cargos en el Centro de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, donde dirigió el Destacamento Militar de Ingenieros de la Fuerza Armada. La escuela del centro fue “centro de los escuadrones de la muerte”.
En este periodo, señala Karl, hubo 30 violaciones a derechos humanos, incluyendo tres muertes y 12 casos de torturas. Montano asumió el mando de la Sexta Brigada de Infantería; hubo 13 ejecuciones extrajudiciales y 10 casos de torturas. Montano fue Viceministro de Seguridad Pública, época en que ocurrieron los asesinatos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno Joaquín López, Amando López y sus colaboradoras, Julia Elba y Celina Ramos. “La Tandona” – unidad de la Escuela Militar de la que formó parte Montano – conspiró, ejecutó, encubrió y mantuvo el crimen con impunidad.
Ellacuría –ex rector de la UCA – puso en peligro los privilegios de “La Tandona” al promover una salida negociada a la Guerra Civil. El Informe de la Verdad concluyó que las muertes de los jesuitas fueron responsabilidad de: el ex ministro de defensa, René Emilio Ponce; el ex jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo; Juan Orlando Zepeda y Montano. Karl afirma que el Coronel Montano es culpable de casi 500 casos de torturas, más de una veintena de asesinatos y cerca de 50 desapariciones.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was, once again, the history of the crimes committed by Coronel Montano, currently residing in the US. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the 30th anniversary of the assassination of Marianella García Villas. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Marianella García Villas, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos, fue asesinada en marzo de 1983, a los 35 años de edad. Era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y coordinadora de los organismos para la defensa de los derechos humanos para los pueblos de Centroamérica y el Caribe. Al día siguiente ella iba a ir a las Naciones Unidas para presentar el informe sobre las violaciones que cometían la Fuerza Armada de El Salvador y la Fuerza Aérea contra los civiles.
A pesar de las amenazas, en febrero empezó a investigar el uso por la Fuerza Aérea de armas químicas como napalm y fósforo blanco. Fue capturada en marzo en el volcán de Guazapa, Departamento de Cuscatlán. Antes de ser asesinada, fue capturada dos veces: en mayo de 1978 por la Policía Nacional y en junio del mismo año, por la Guardia Nacional. Fue torturada. Las informaciones preliminares del Comité de Prensa de la Fuerza Armada indicaron que “un hombre y una mujer, ambos periodistas, se encontraban entre los muertos”. El ejército no había identificado a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Posterior al reconocimiento, los militares dijeron que ella murió al mando de una columna guerrillera y que era la comandante “Lucía”. Una mujer que también había sido capturada y pudo escapar, dijo que a Marianella “los militares se la llevaron viva”.
Un documento del Comité de Familiares de Desaparecidos y Asesinados Políticos indica que la presidenta fue capturada con vida y trasladada por helicóptero a la Escuela Militar en San Salvador. Días después apareció muerta.
Su cadáver fue reconocido por el juez quinto de paz de San Salvador, quien observó que García tenía heridas por arma de fuego en el tórax y en los muslos, con esquirla en la región pectoral y frontal. Según el informe médico, García fue torturada y violada antes de morir.
Marianella García Villas nació en San Salvador en 1948. Su madre era salvadoreña y su padre, Doctor en Filosofía y Derecho, de origen español. En 1969, se incorporó al Partido Demócrata Cristiano. Fue diputada de 1974 a 1976, pero renunció al PDC en 1980.
Estudió en un Colegio de San Salvador y su título de bachiller lo obtuvo en Barcelona. Se licenció en Filosofía y Derecho y también estudió Ciencias Políticas. Por denunciar la violación de los derechos de las personas, Marianella fue reconocida por la Comunidad Internacional y nombrada Vicepresidenta de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre.
En la Comisión de Derechos Humanos su trabajo fue denunciar las acciones de los militares, defender a los presos políticos y esclarecer los casos de desaparecidos. Como defensora de los derechos humanos, fotografiaba los cadáveres de los asesinados, “los tocaba con sus manos para identificar las causas de su muerte y conocer las torturas a que habían sido sometidos”.
Su muerte fue parte de la represión contra la Comisión, junto con la explosión de una bomba en la institución, el secuestro y asesinato de María Magdalena Henríquez, Ramón Valladares Pérez, Tomás Leiva y la desaparición de Carlos Eduardo Vides, América Fernanda Perdomo, Roberto Rivera Martelli y el asesinato de Herbert Anaya Sanabria.
García Villas fue la primera abogada en defender a los presos políticos. En 1983 fue torturada y asesinada.? 30 años después las organizaciones protectoras de derechos humanos y víctimas de crímenes de lesa humanidad siguen exigiendo justicia, reparación y verdad.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the 30th anniversary of the assassination of Marianella García Villas. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the 33rd anniversary of the death of Archbishop Romero. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Nuestro informe hoy se hace en homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, muerto en 1980. Recordamos lo que dice la página web de las Naciones Unidas:
“El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.??El propósito del Día es el siguiente: Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia; Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño; Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980. La Asamblea General de la ONU, en su resolución, invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como a las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional.” Tanto salvadoreños como extranjeros salieron la semana pasada a las calles principales de San Salvador, la capital del país, para conmemorar los 33 años de la muerte del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, ocurrida el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero, que defendía a los más pobres y desamparados, fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital para enfermos de cáncer Divina Providencia, en San Salvador. La jornada conmemorativa fue organizada por la Fundación Monseñor Romero y la Iglesia Católica.. Comenzó con una tarde cultural en honor a Romero en la Plaza de las Américas, y desde allí, los participantes se desfilaron hacia la Catedral Metropolitana, donde está enterrado el arzobispo.
Romero es recordado por denunciar las injusticias cometidas en los años previos al conflicto armado que sufrió El Salvador durante doce años (1980-1992) y que dejó un total de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados.
El próximo 24 de marzo se cumplen 33 años del asesinato del Sacerdote y es importante no olvidarse nunca. Como tampoco hay que olvidarse de los niños que fueron víctimas de la guerra civil. El 29 de marzo es el Día de las Niñas y Niños Desaparecidos. Por medio del decreto legislativo N° 197, en enero de 2007, y desde ese año se realizan actos de conmemoración a esos niños y niñas, posiblemente ahora adultos, si no han muerto, que fueron o están desaparecidos todavía. Según la comisión de la verdad, de la Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hay cerca de 5,000 niños, niñas y adolescentes de El Salvador desaparecidos.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic was the 33rd anniversary of the death of Archbishop Romero. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic this week is the role of James Steele in El Salvador and Irak . The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El gobierno estadounidense eligió a un veterano de la guerra en El Salvador para entrenar escuadrones paramilitares en Irak responsables de torturas, según un documental del Servicio Árabe de la BBC y el periódico The Guardian. James Steele fue a Irak para emplear la ‘opción salvadoreña’, según Celerino Castillo, exagente de la oficina antinarcóticos de EE.UU. en El Salvador, entre 1984 y 1991. La guerra en Irak ha visto más de 120 mil muertos, cerca de 4.400 de ellos soldados estadounidenses.
El documental, “James Steele, el hombre misterioso de EE.UU. en Irak”, investiga cómo Washington “financió una letal fuerza paramilitar para combatir a los opositores a la presencia estadounidense”, y “la historia del hombre enviado por el Pentágono a Irak por su experiencia en operaciones de contrainsurgencia en El Salvador”. Steele sirvió en la guerra de Vietnam, de 1968 a 1969. En el conflicto salvadoreño ganó fama de experto en contrainsurgencia. Steele llegó en 1984, como líder de asesores militares estadounidenses que trabajaban con el ejército salvadoreño. Castillo dijo que por ser Steele comandante de los asesores, nada se hacía sin su autorización; había que erradicar la guerrilla. “Está bien documentado que se cometieron grandes masacres”.
Al final de la guerra, había 75.000 civiles muertos y un millón de refugiados. La derrota de la guerrilla fue considerada en Washington un éxito. Se dijo que “un joven y entonces ambicioso mayor de 33 años, David Petraeus, visitó El Salvador para estudiar la campaña de contrainsurgencia”. Casi 20 años después, Petraeus, comandante de la fuerza multinacional en Irak, empleó los conocimientos de Steele para combatir la insurgencia allí. Al comienzo no esperaban una insurgencia iraquí; enviaron policías civiles retirados como Douglas Brand y Jerry Burke. Llegó a haber más de 3.000 muertos al mes en Irak. Brand llegó a Irak en 2003; Steele llegó a Bagdad como asesor en temas de energía.
La insurgencia sorprendió a Washington. El secretario de Defensa Rumsfeld cambió de estrategia; se armaron milicias de chiítas, viejos enemigos de Saddam Hussein y los sunitas. “Rumsfeld decidió que el entrenamiento policial sería hecho por militares”, dijo Brand. Así surgieron los comandos policiales especiales, bajo el general Adnan Thabit. “Petraeus me visitó y me envió dos asesores, Steele y el coronel James Coffman, y prometió que nos apoyaría. La primera ayuda que recibimos fueron 150 camionetas “, informa Thabit.
En Samarra, un centro de operaciones de los comandos especiales, un equipo de The New York Times encontró la conexión entre Steele y los comandos”… en Samarra … escuché a soldados estadounidenses que decían haber visto prisioneros colgados de barras como animales después de una cacería y habían sido testigos de torturas”, dijo Maass. El periodista Peter Maass y el fotógrafo Gilles Peress convencieron al general Petraeus de que les permitiera hablar con los comandos en Samarra. James Steele fue su guía. Un ex prisionero de Samarra le dijo a la BBC: “Nos esposaban con los brazos por detrás de la espalda y nos tapaban los ojos, nos colgaban del techo hasta que se nos dislocaban los hombros”.
Peter Maass fue invitado por Steele a entrevistar a un insurgente saudita. “Entramos y lo primero que vi fue un guardia iraquí golpeando un prisionero, pero me llevaron no al hall principal sino a otra oficina donde trajeron al saudita y había sangre goteando de un lado de un escritorio. Durante la entrevista se escuchaban gritos tan fuertes y aterradores que Steele se paró y fue a ver qué ocurría. Mientras estuvo fuera pararon los gritos, luego volvió y seguimos con la entrevista”.
Petraeus dijo que no sabía nada de las milicias en los comandos policiales. Muntadher al-Samari, general del ejército iraquí entre 2003 y 2005, vio las torturas y trató de detenerlas en la biblioteca local, donde los comandos policiales interrogaban detenidos. “Recuerdo un joven de 14 años atado a una de las columnas de la biblioteca con sus piernas por encima de la cabeza. Todo su cuerpo estaba azul del impacto de los cables con los que había sido golpeado”, dijo el ex militar iraquí. En el programa Frontline de EE.UU, Petraeus afirmó: “No vi milicias en las fuerzas especiales de policía mientras estuve en Irak”. Thabit le dijo a la BBC: “Hasta que yo dejé mi cargo los estadounidenses sabían todo lo que hacía, sabían lo que pasaba en los interrogatorios y parte de la inteligencia sobre los detenidos provenía de ellos. Están mintiendo”.
Las convenciones internacionales exigen que las fuerzas extranjeras que ven abusos de prisioneros intervengan. “Uno de los detenidos estaba gritando y Steele justo estaba fuera lavándose las manos, abrió la puerta y vio al prisionero colgando de sus piernas cabeza para abajo, pero no reaccionó. Cerró la puerta y volvió a la oficina de los asesores” Según un sobreviviente de los interrogatorios: “los comandos comenzaron a liberar algunos detenidos diciendo que volverían con sus familias, pero los mataban y tiraban sus cuerpos en las calles de Bagdad”.
La publicación de miles de cables diplomáticos estadounidenses por Wikileaks en 2005 reveló que la embajada en Bagdad informó a Washington sobre los abusos de los comandos. Uno dice: “Nos siguen inquietando los informes de que las unidades comandadas por Thabit se han pasado del límite”. Entre los Wikileaks una orden militar pide a las tropas estadounidenses “notar pero no investigar la tortura de iraquíes por iraquíes salvo que reciban orden de actuar”.
Steele y Petraeus salieron de Irak en 2005. Un año después en la guerra había hasta 3.000 muertos al mes. Rumsfeld renunció como secretario de Defensa a fines de 2006; no respondió a la BBC para una entrevista. Tampoco Steele respondió.
Muntadher al-Samari renunció al ministerio del Interior; huyó a Jordania. Está dispuesto a declarar sobre los hechos. “Estoy dispuesto a ir a la Corte Internacional y jurar que altos oficiales como James Steele fueron testigos de crímenes contra los derechos humanos en Irak, pero no pusieron fin al abuso ni castigaron a los perpetradores”.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic this week was the role of James Steele in El Salvador and Irak . This report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.