Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the Center for Justice and International Law’s case against El Salvador for the massacre at El Mozote in 1981. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) prepara una demanda contra El Salvador, porque no se cumplieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, en 1981. En diciembre de 2010 la CIDH recomendó derogar la Ley de Amnistía de 1993 e investigar y castigar a los responsables del genocidio de la guerra civil en El Salvador. La CIDH pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo. El plazo para presentar la demanda es el 14 de agosto.
Gisela de León, abogada de CEJIL, declaró que la demanda incluye también lo ocurrido en siete poblados cerca de El Mozote, como Cerro Pando, Los Toriles, La Joya y Arambala, masacres llevadas a cabo por el Batallón Atlacatl. “En total tenemos un registro de 966 personas asesinadas, casi la mitad menores de edad y otros cientos que fueron desplazados de su lugar de origen”, dijo León.
CEJIL considera que El Mozote es una de las mayores masacres en la historia latinoamericana, por el número de víctimas y por el proceder indiscriminado de los asesinos. La demanda que se prepara incluye el testimonio de Rufina Amaya, única persona que se salvó de El Mozote, quien murió en marzo de 2007. Según ella, el 10 de diciembre de 1981, los soldados del Batallón Atlacatl encerraron a los de El Mozote en las casas de la localidad, amenazando disparar contra el que intentara escapar. Al día siguiente, encerraron a hombres, mujeres y niños en un local conocido como “El Convento”. Sus gritos fueron silenciados con metralla y lanzallamas. Amaya perdió a su esposo y a sus cuatro hijos en la masacre, pero escapó tirándose detrás de un arbusto.
No se sabe el número exacto de víctimas durante el “operativo contrainsurgente” del ejército salvadoreño, porque hace poco se encontraron restos humanos de los que no se tenían registro. Sólo se sabe que murieron más de mil personas.
Junto con el testimonio de Amaya, fundamental para que lo de El Mozote se conociera internacionalmente, ha sido importante el acompañamiento de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Tutela Legal presentó el caso a la CIDH en octubre de 1990 y desde entonces ha seguido con el proceso de demanda. Según Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal: “Esperamos que el dictamen que pueda dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos exija al Estado Salvadoreño repare material y moralmente a los afectados por la masacre y pida perdón por el hecho”.
CEJIL, que también lleva el caso del homicidio de Monseñor Romero, dice que las leyes de amnistía violan los derechos a la justicia y no dejan conocer la verdad de estos dos casos de impunidad de los años 80. El testimonio de Amaya incluye cómo los soldados separaron a los pobladores del caserío en dos grupos: los hombres y niños mayores, y las mujeres y niños menores. Según ella, primero asesinaron a los hombres y niños mayores – a muchos los decapitaron. Luego mataron a las mujeres y a los niños menores. Los soldados prendieron fuego a la iglesia y a la casa donde habían obligado a las víctimas a reunirse. Amaya recordaba los gritos de las víctimas que estaban vivas cuando se prendió fuego al templo.
Según ella, la advertencia que un poblador de El Mozote hizo a la comunidad a comienzos de diciembre, facilitó los asesinatos masivos. Les advirtió que un soldado le había dicho que el ejército preparaba un operativo en la zona y que era mejor que todos los pobladores se concentraran en El Mozote, porque si los militares los sorprendieran dispersos en la zona era más probable que los mataran. Así aconsejados, cuando llegó el ejército, había una concentración mayor de pobladores.
Inicialmente, la cifra de víctimas en El Mozote se creyó ser sobre 500; luego, se presentó una cifra de 765 asesinatos ante la Comisión Interamericana. Después, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA habló de entre 900 y 1,200 víctimas. Ahora, la demanda contra el Estado salvadoreño incluye 966 personas.
“No sabemos cuál será la posición oficial de este gobierno, porque cuando se gestionó el caso en la Comisión Interamericana, las anteriores autoridades ni siquiera reconocían que la masacre se hubiera dado… ciertamente podría darse un acuerdo previo pues la actitud de este gobierno es diferente”, comentó de León.
CEJIL ha localizado a 150 familiares de las víctimas; casi 100 aceptan que la organización los represente en la Corte. “Esto no es para abrir heridas, lo que pasa es que las heridas nunca se cerraron…”, dijo la abogada.
De acuerdo a datos de la ONU, en la guerra civil salvadoreña hubo al menos 75 mil víctimas – muertos, desaparecidos y torturados. CEJIL ha tenido éxito en sus demandas contra varios estados latinoamericanos por violaciones a derechos humanos, como Perú, Chile y El Salvador.
This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the Center for Justice and International Law’s case against El Salvador for the massacre at El Mozote in 1981. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.