Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
Transcript: This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to follow the case of the Jesuits’ assassination in 1989, as the accused are both arrested and freed. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
La Corte Suprema de Justicia salvadoreña permitió salir a los nueve militares reclamados por la Audiencia Nacional española que estaban refugiados en una brigada castrense de San Salvador, concediéndoles libertad sin restricciones. Los militares se habían refugiado al saber que la Policía tenía una orden de captura internacional de la Interpol del juez español Eloy Velasco. Ya se había especulado que su entrega era resultado de un pacto con los oficiales. Las órdenes internacionales de detención anunciadas por el juez de la Audiencia Nacional Española, fueron emitidas basándose en la nacionalidad española de cinco de los asesinados.
El magistrado Ulices Guzmán explicó que ahora los militares no tienen restricciones y que no hay autoridad que pueda capturarlos, que el caso “está cerrado”. El Gobierno español o el juez Velasco tendría que mandar una solicitud explícita de captura para pedir la extradición. En ese caso, la Corte, se reuniría de nuevo para estudiar la petición. La Corte contradice al presidente Funes y otros funcionarios, que habían declarado que los nueve ex militares estaban arrestados.
El director del Instituto de Derechos Humanos de IDHUCA, Benjamín Cuéllar, dijo que la decisión judicial era «otro capítulo más de la farsa» y «una demostración de que este sistema de justicia 20 años después del fin de la guerra sigue siendo igual». El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN, ha afirmado que la decisión de la Corte ‘cierra un capítulo’, pero que la historia no acaba ahí.
Mientras tanto, en Boston, otro de los acusados de la masacre, el ex viceministro y coronel retirado Inocente Orlando Montano, fue detenido por mentir a las autoridades de migración de Estados Unidos. Irónicamente, su detención se debe a que está acusado de fraude migratorio, no a su papel en la masacre. Será juzgado en Boston, donde ha residido desde hace diez años. Una petición de extradición llegará desde España y, se espera que Montano sea extraditado.
Montano había abandonado su residencia y quitado su nombre de su buzón cuando supo la orden de arresto internacional emitida por el juez español Eloy Velasco. Sin embargo, fue arrestado por mentir a las autoridades de migración durante los últimos siete años: había declarado que nunca había servido al ejército salvadoreño para obtener protección especial bajo las leyes estadounidenses.
Según la abogada del Centro para la Justicia y Responsabilidad, Almudena Bernabéu, esta actuación es típica del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Opina que una vez que el Boston Globe desveló que Montano residía en Massachusetts desde hace años, buscaron algo con que detenerlo y acallar el escándalo. Según Bernabéu, no es posible que sea deportado a El Salvador sino que será juzgado en Estados Unidos. Por otra parte, mientras el proceso se lleva a cabo en Boston, se espera que lleguen las solicitudes de extradición del gobierno español, ante las cuales Estados Unidos debería decidir.
Según la abogada del CJA, el tratado de extradición entre España y Estados Unidos dicta que Montano, acusado de ocho asesinatos y un delito de lesa humanidad, sea enviado al país europeo para ser juzgado. Montano era Coronel y viceministro de Seguridad Pública en noviembre de 1989, cuando un comando del Batallón Atlacatl entró en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con la orden de matar al rector, Ignacio Ellacuría, y de no dejar testigos.
Al abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Henry Fino, le pareció bien la rápida reacción de las autoridades estadounidenses, y que debería tomar nota el gobierno salvadoreño. No obstante, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Hato Hasbún, al saber de la detención de Montano en Estados Unidos declara que el gobierno ha cumplido con lo que le corresponde de acuerdo a la ley. En el caso de Montano, Estados Unidos tendrá que actuar de acuerdo a los procedimientos legales en ese país. El diputado de ARENA, Roberto d´Aubuisson, dijo que la suerte de Montano dependería de la que corrieran los otros nueve militares. Ya se ha dicho que han sido puestos en libertad.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continued to follow the case of the Jesuits’ assassination in 1989, as the accused are both arrested and freed. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.