Producer/Host: Kathleen March
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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic today is the concern for Salvadoran prison conditions. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Nelson Rauda, jefe del sistema carcelario salvadoreño, reconoce que Honduras es “una alerta” para su país porque El Salvador duplica el nivel de hacinamiento en comparación al país vecino. Las cárceles tienen capacidad para 8,110 reos pero actualmente hay 23,840: más del 300% de la capacidad real. Las prisiones de alta peligrosidad son controladas por el ejército desde junio, como medida de emergencia.
Según el diputado Remberto González, “La situación es crítica, hay celdas para cuatro personas y meten treinta o cuarenta. Las prisiones en Centroamérica son una bomba de tiempo”, afirma, aunque no incluye a Costa Rica por no conocer su sistema penitenciario. González hizo un llamado a las autoridades penitenciarias diciendo que “¿Cómo es posible que se tenga a la gente expuesta de esa manera?, aquí no se trata si son culpables o no, se trata de derechos que ellos tienen como humanos, es inaudito. Las cárceles deben servir para reformar a la gente hacia el bien y no al revés” y cree que hay que mejorar sistema penitenciario regional. “Para evitar el hacinamiento, porque los reos van a seguir llegando, hay que buscar la manera en que los que ya están allí salgan pronto, los que pueden salir, y las granjas agrícolas, por ejemplo, son una buena alternativa”, dice el diputado del Parlacen por ARENA.
En Comayagua, los reos calcinados estaban en una prisión bajo el concepto de granjas para aprender oficios y poder reintegrarse pronto a la sociedad. El viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, lamenta lo de Honduras, y asegura que en El Salvador hay medidas para evitar situaciones similares. “El sistema carcelario nuestro tiene una coordinación con bomberos y con la Fuerza Armada, que podría evitar una catástrofe de esa naturaleza”, dice. Rauda insiste que el problema también es responsabilidad del órgano judicial, de la Fiscalía General. “En los centros penales salvadoreños no existían extintores de fuego, y desde la administración de Douglas Moreno como director, implementamos medidas para que haya un número de extintores de fuego en cada penal… En la escuela penitenciaria se hicieron pequeños módulos de entrenamiento para que se pueda intervenir en sofocamiento de fuego sin perder el control”, asegura. Notó que después de la tormenta Agata, el presidente Funes ordenó que se instauraran los Comités Departamentales de Protección Civil, “y los 19 directores de los centros penales del país están integrados al Sistema de Protección Civil”.
Según Benito Lara, diputado del FMLN en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, esto es resultado de políticas “que no han logrado tener resultados positivos en materia de seguridad pública”. En la tragedia de Honduras “está claro que si no se adoptan políticas integrales el éxito que alcancen en algún momento otras instituciones se traduce en el dolor de cabeza del sistema penitenciario”.
El diputado César Reyes Dheming, de ARENA, dice que es necesario aprender de los errores de las autoridades hondureñas para evitar que haya situaciones similares en El Salvador. “El sistema penitenciario nuestro adolece de peores problemas, está peor que el hondureño. Aquí hay alrededor de 25 mil internos en centros penales, y casi 2,500 detenidos en las bartolinas policiales en fila para ingresar a las cárceles, lo que demuestra la gravedad del hacinamiento”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advierte que es puede ser necesario aumentar la capacidad carcelaria y la implementación de alternativas a la prisión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ya expresó este mes gran preocupación por las condiciones inhumanas de los penales salvadoreños. Roberto Garretón, integrante del Grupo, dijo que durante la semana que duró su misión, la delegación actuó con total libertad y conversó con representantes públicos y civiles, víctimas, presos y sus familiares. Vieron la preocupación del gobierno por la situación carcelaria, que describió como muy deprimente. Observó: “… hay cárceles que están más sobrecargadas que otras, y en las que están más sobrecargadas, el nivel de desesperación de los reos es muy grande, además de que muchos de ellos se sienten inocentes”, dijo. Muchos internos siguen encarcelados aun después de haber cumplido sus condenas.
El Grupo recomendó a las autoridades salvadoreñas aumentar el número de jueces responsables de la vigilancia del cumplimiento de sentencias y dijo que los detenidos deben ser presentados pronto ante un juez. Sugirió que El Salvador ratificara el Protocolo Opcional a la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y que hubiera regulas en la detención en hospitales siquiátricos.
Las 28 cárceles de El Salvador oficialmente pueden admitir a 9.060 reclusos, pero en diciembre del 2010 el número oficial de presos era 24.283: una ocupación de más del 253,5%, frente al 138% en Honduras.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today’s topic was the concern for Salvadoran prison conditions. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities