Producer/Host: Kathleen March
Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we note the latest act of aggression against anti-mining environmentalists in the country, this time a priest. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Dos jóvenes, con aspecto de estudiantes universitarios, llegaron a la casa del padre Santos Neftalí Ruíz Martínez el 20 de enero al mediodía y pidieron que él les diera información sobre su trabajo ambiental en el departamento de Cabañas. Decían que querían entrevistarlo sobre el tipo de trabajo que desempeña en el Comité Ambiental de Cabañas. En realidad querían robarle la información que tuviera sobre esa labor. Neftalí, joven sacerdote de la iglesia Católica Apostólica Salvadoreña, es el secretario de la junta directiva de la asociación Comité Ambiental de Cabañas y miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería. El sacerdote los había invitado su casa, por no llevar su ordenador portátil en la calle, lugar no muy seguro. Los jóvenes sacaron un arma de fuego y una navaja, lo ataron y lo tiraron a la cama, donde estuvo varias horas. Le preguntaron dónde tenía las armas de fuego, pero el sacerdote insistió que no tenía. Los jóvenes pusieron música, y uno revisó la información del ordenador, los discos, las memorias USB, teléfonos celulares y documentos de identidad personal. Después, se llevaron todo en una maleta. También, cuando no encontraron armas, llamaron a alguien para informar que él “estaba limpio”, aunque si fuera necesario se la “iban a aplicar (asesinar)”.
David Pereira, de la Mesa Nacional Frente a la Minería, dijo que este acto fue para “intimidarnos para aflojar nuestra resistencia a la minería metálica”, ya que uno de los principales trabajos del CAC es precisamente detener la explotación minera en Cabañas y en El Salvador en general. “Este nuevo atentado contra la vida, la integridad y el trabajo de la Asociación Comité ambiental de Cabañas y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, nos obliga una vez más a expresar nuestro enérgico rechazo y a condenar la ola de persecución contra ambientalistas y defensores de Derechos Humanos que como el Padre Neftalí, han sufrido vejámenes similares desde el inicio de la lucha anti minera en El Salvador”, ha afirmado la asociación.
Se exige a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República que investiguen el asunto para que no haya más consecuencias, como ha ocurrido con los asesinatos de cuatro ambientalistas y activistas. En 2009 murieron Dora Sorto, Ramiro Rivera y Marcelo Rivera. El asesinato más reciente fue en junio de 2011: el de Juan Francisco Durán Ayala, del Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura, el grupo que más ha trabajado en contra del proyecto minero El Dorado de la multinacional Pacific Rim.
Además de los ataques contra ambientalistas, el personal de Radio Victoria en Cabañas ha recibido amenazas de muerte desde 2006, sin que las autoridades salvadoreñas hayan descubierto nada concreto en cuanto a estos actos. Por eso la Mesa repitió su deseo de que “el Estado […] cumpla con la función en la búsqueda de garantías constitucionales para los ciudadanos de este país”; y exige que la PNC proteja a los habitantes de la zona que viven en constantes conflictos sociales por los proyectos mineros.
En 2011, se encontró el cadáver del activista anti-minería y defensor de los derechos humanos, Juan Francisco Durán Ayala, voluntario con el CAC, quien había estado el día anterior en Ilobasco, Cabañas, colocando pancartas contra la minería y la Pacific Rim. En diciembre del 2009 los activistas Ramiro Rivera y Alicia Recinos Sorto, opositores de la operación minera de El Dorado en Cabañas, fueron asesinados en ataques separados. Después el personal de la emisora de Radio Victoria, radio local, recibió amenazas de muerte cuyos autores reivindicaban a los asesinatos de Rivera y Recinos. Cuando murió, esta última estaba embarazada de ocho meses y llevaba en brazos a un hijo de dos años.
La mina de El Dorado a la que se oponen los activistas no está operando en este momento porque hay un proceso judicial en curso. Pacific Rim, compañía minera de Canadá, quiere reabrir la mina a pesar de la oposición local. Primero dejó de operar por las protestas, y después el gobierno salvadoreño le negó el permiso a finales de 2008. El presidente Funes declaró su oposición al proyecto durante su campaña presidencial del año 2009. Pacific Rim empezó un proceso contra el gobierno salvadoreño, pidiendo millones de dólares en compensación.
Se cree que el ataque contra el Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez es resultado de su trabajo en defensa de los derechos humanos, particularmente del derecho a un medio ambiente sano. Estos actos son parte de la intimidación en contra de los activistas anti-minería en El Salvador. Varias organizaciones han expresado su preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos en la zona de Cabañas y la de sus familias.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we reported on the latest act of aggression against anti-mining environmentalists in the country, this time a priest. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.