Producer/Host: Kathleen March
Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic is the continuing struggle to suspend mining activity in the country. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Pac Rim Cayman, filial de la empresa canadiense en EE.UU., acudió a un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para juzgar si El Salvador violó sus leyes de inversión al negarse a emitir permisos para la explotación de oro y plata. El gobierno salvadoreño rechazó la propuesta porque la empresa no había cumplido los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería. Pacific Rim, empresa minera canadiense, demandó al estado salvadoreño por US$315 millones por no haberle permitido extraer oro y plata.
La transnacional quiere llevar a cabo el proyecto de la mina El Dorado, municipio de San Isidro, departamento de Cabañas. El Ciadi decidirá si El Salvador tiene responsabilidad monetaria por el incumplimiento de cualquiera de las protecciones de inversión para los extranjeros según el Tratado de Libre Comercio que El Salvador firmó. La compañía insiste que el proyecto fue presentado a las autoridades salvadoreñas hace ocho años y satisface los requisitos ambientales de Estados Unidos. El gobierno de Mauricio Funes rechazó la iniciativa y dijo que la empresa no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos que exige la legislación salvadoreña.
Pacific Rim llegó al país con un permiso de exploración aprobada por el gobierno de Francisco Flores en 2002. La empresa minera dice que invirtió millones de dólares en la investigación y aseguró que los estándares ambientales del diseño de la operación de la mina representan “nuevos precedentes” en el continente y supera los requisitos actuales en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el expresidente Antonio Saca negó los permisos de operación a los proyectos.
En 2009 Pacific Rim solicitó un arbitraje internacional y ahora dice que El Salvador suscribió el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR), y en la Ley de Inversiones. En junio de 2012, el CIADI rechazó el amparo de la empresa en el Cafta por no tener una relación directa con el tratado. En los últimos cinco años, la iglesia católica y diversas organizaciones ambientalistas han exigido que el gobierno de Funes cree un decreto que prohíba la extracción minera metálica a cielo abierto.
Esta semana La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica solicitó a la Asamblea Legislativa que no ratificara el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Después de la solicitud que hizo a la Asamblea Legislativa en julio de 2012, la Mesa Nacional se presentó al Palacio Legislativo para exigir la no ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (ADA). Los ambientalistas y luchadores sociales entregaron copias de la carta a las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores. “El ADA, cambiará las tradicionales relaciones entre ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político, ya que los flujos de cooperación externa para el desarrollo se canalizarán hacia mecanismos de mercado, apoyo empresarial y fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de viabilidad a dicho acuerdo comercial”, señala el documento.
Otro punto central de los reclamos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se centra en que la ratificación del AdA limitará aún más la capacidad de los países centroamericanos de definir sus propias estrategias económicas y de integración. “Como se ha demostrado con la vigencia del TLC con Estados Unidos, estos acuerdos ponen en desventaja los intereses de los pueblos centroamericanos respecto a los intereses extranjeros. Las actuales demandas que buscan extorsionar a nuestro país por las transnacionales mineras en el seno del CIADI son el mejor ejemplo de esto”, dice la carta.
La Mesa Nacional representa a comunidades, iglesias y organizaciones sociales y no gubernamentales, que consideran el AdA como una amenaza para los derechos humanos, laborales y ambientales de la población salvadoreña. Las solicitudes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica a las Comisiones de Economía y Relaciones Exteriores son:
1. Que haya un debate público serio, abierto e inclusivo para no repetir una ratificación ilegal como se hizo con el CAFTA DR.
2. Que NO SE RATIFIQUE el Acuerdo de Asociación entre El Salvador, como parte de los países de Centroamérica, con la Unión Europea.
3. Que se convoque al seno de la Comisión legislativa que estudiará la No ratificación.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic was the continuing struggle to suspend mining activity in the country. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.