Producer/Host: Kathleen March
Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the order by the government of Honduras to incarcerate Lenca leader Berta Cáceres for her anti-mining efforts. The report has been prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una acción en contra de Honduras por la “criminalización” de la líder indígena Berta Cáceres, la cual tiene una orden de prisión por supuestos daños a la empresa DESA-SYNOHIDRO. Esto es según Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del CEJIL (Center for Justice and International Law).
Cáceres, indígena Lenca, coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (COPINH), está acusada de provocar daños a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. – SYNOHIDRO, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, Honduras occidental.
La jueza Alicia Reyes, del Juzgado de Intibucá, emitió el pedido de prisión preventiva el 20 de setiembre. DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, acusa a los dirigentes indígenas – también son acusados Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño – de “usurpación de tierras” y “daños”.
El caso de Cáceres ha llamado la atención de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos. Según Aguiluz esta acción del gobierno es el “ejemplo de una nueva modalidad de persecución”. Según las organizaciones que siguen su caso, se basó la sentencia en la acusación interpuesta y las declaraciones de testigos que son empleados de la empresa. Han interpuesto un recurso de amparo para detener la orden de captura contra la dirigenta.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca quiere represar el río Gualcarque, en territorios Lenca; los habitantes no fueron consultados según requiere el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras en 1995. Numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el modo en que el Gobierno ha criminalizado a los defensores de derechos humanos en Honduras.
En su página web, Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (COPINH) lo dice claramente:
“Hemos vivido estos 521 años con rebeldía, con memoria y resistencias, capaces de sostener la fuerza para enfrentar el mayor genocidio, el saqueo más descarado, depredador y criminal, el mayor desplazamiento, represión, racismo, ultrajes abominables a las mujeres y a pueblos enteros. Hemos sabido impedir nuestra desaparición como pueblos indígenas y luchar por la vida, inspiradas e inspirados en el ejemplo que nos deja Lempira, el Señor de la Sierra”.
Por eso dice:
“[E]xigimos se ponga fin a la persecución política contra el COPINH, contra la compañera Berta Cáceres, Coordinadora General, contra los compañeros Aureliano Molina, Tomás Gómez, contra miembros de base de las comunidades de Río Blanco, la Cuchilla, San Antonio Chuchitepeque. Esta persecución se ejerce desde la función judicial, haciendo montajes, acusaciones, inventando pruebas y testigos, ofreciendo sobornos, convirtiendo en despachos de las empresas a los juzgados, como en Intibucá y Santa Bárbara, al servicio de DESA, SINOHYDRO, y del Ejército Defensor de los capitales transnacionales y locales.
Y también afirma COPINH:
“Que ante la grave y sistemática violación de derechos humanos, la militarización, amenazas de desalojo, demandamos la salida sin condiciones del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, impuesto de manera ilegal e ilegítima sobre el sagrado Río Gualcarque en las comunidades de Río Blanco y norte de Intibucá, violando el derecho de Consulta Libre, Previa e Informada y del Convenio 169. Demandamos la salida inmediata de todas las fuerzas represivas de la zona, que se ponga fin al sicariato, la represión, al estado de sitio no declarado, a los abusos y corrupción de los alcaldes de la zona y diputados. Reivindicamos la reparación digna a las comunidades agredidas. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a incrementar los esfuerzos para la defensa de la vida de las comunidades de Río Blanco y de las y los integrantes del COPINH.
Por todo esto, COPINH insiste: “[E]xigimos al Instituto Nacional Agrario retomar y honrar los acuerdos suscritos con el COPINH, así como las recientes demandas, resolviendo como ya está establecido, y que sea de manera inmediata, eficaz y apegándose al Convenio 169 y al respeto de la dignidad del Pueblo Lenca.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the order by the government of Honduras to incarcerate Lenca leader Berta Cáceres for her anti-mining work. The report was prepared in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.