Tag: mineria

U.S./El Salvador Report 6/16/12

Producer/Host: Kathleen March
Transcript:

This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to direct attention toward the Pacific Rim case and Salvadoran sovereignty. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
En junio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó que Pacific Rim, empresa canadiense, tiene derecho a demandar al Estado salvadoreño, por no permitirle la explotación de la mina El Dorado en Cabañas. El Salvador tiene que mostrar que su negativa a otorgar el permiso es una decisión soberana que cualquier país puede tomar, no un capricho del gobierno.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condena la actitud mercenaria de empresas que, utilizando el modelo neoliberal, se aprovechan de acuerdos para extorsionar a los Estados. La Mesa exige que el gobierno canadiense deje de proteger a esta empresa y la obligue a retirar la demanda a El Salvador en el CIADI. Los modelos de liberalización comercial – la privatización de servicios y bienes públicos – fueron promocionados por los gobiernos de ARENA. Los TLCs ponen en riesgo los derechos de su población.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica no admite que la soberanía de El Salvador se someta a tribunales que promueven los intereses corporativos. Rechaza las negociaciones de El Salvador, para pactar un Tratado de Libre Comercio con Canadá. Que el Gobierno canadiense cese las negociaciones del TLC con El Salvador, que deje de proteger a Pacific Rim y que la obligue a retirar la demanda al El Salvador en el CIADI. Esto se dijo el 13 de junio.
En un artículo reciente, el Grito Mesoamericano analiza la resistencia frente a la minería metálica en El Salvador. El movimiento es una alianza socio-ambientalista más diversa que la lucha contra la deforestación de la Finca El Espino, en la década de 1990. Hay coincidencias entre el ambientalismo, el movimiento social popular más amplio y un sector de ONGés.
Como muchos países latinoamericanos, El Salvador es objetivo de compañías mineras transnacionales. Por varias décadas no hubo exploración ni explotación de minerales; en 1996 se aprobó una Ley de Minería con incentivos para los inversionistas extranjeros. Hasta 2007 se concedieron casi 30 permisos para exploración de oro y plata. Comenzó a haber preocupación por los efectos sociales y ambientales; en 2005 ya había dos focos de resistencia frente a la minería: uno en el Departamento de Chalatenango y otro en el de Cabañas.
Este movimiento ha estado apoyado por ONGés muy diversas: organizaciones ambientalistas, un centro de estudios vinculado al movimiento popular, una organización para la promoción y defensa de los derechos humanos, sectores religiosos, organizaciones de apoyo a la economía popular. Forman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Con la Mesa, creada en 2006, el movimiento ha tenido una presencia en los medios de comunicación y otros foros de las luchas populares. Ha frenado la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto El Dorado, en el Departamento de Cabañas. La Pacific Rim suspendió actividades en 2008 aunque después presentó una demanda contra el Estado Salvadoreño, por medio de una filial estadounidense, apoyándose en el TLC.
En Chalatenango la movilización popular fue rápida por su larga tradición de lucha organizada. En 2005, en San José Las Flores, algunos pobladores notaron la presencia de trabajadores forasteros, y pusieron en alerta a los líderes comunales. En dos meses la población estaba informada de la situación y de los riesgos de la minería. Según uno de sus líderes, es “tierra que para nosotros está bañada con sangre, y sangre de gente heroica que murió para que nosotros tuviéramos un pedazo de tierra. Vender esta tierra es traicionar esa gente”.
En septiembre de 2005, pobladores de San José Las Flores y Guarjila fueron a detener las actividades de la empresa. Los empleados de la minera recogieron los equipos de perforación y se fueron. La población exigió que se suspendieran los trabajos de exploración; esto no sucedió y hubo otra concentración, más grande. Otra vez los ingenieros y trabajadores tuvieron que irse. La empresa declaró terminada la “primera etapa” de sus exploraciones, e intentó vender la concesión, sin éxito.
En Cabañas el rechazo a la minería comienza en 2004, con el Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura, surgido en el municipio de San Isidro, donde Pacific Rim realizaba sus exploraciones. Su principal aliada ha sido la Asociación de Desarrollo Económico de Santa Marta (ADES), grupo de repobladores y repatriados. ADES amplió sus actividades a varios municipios del Departamento. Otra organización que se sumó a la lucha, a partir de 2007, fue la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), fundada en 2006.
Cuando surge el Comité Ambiental la compañía minera tenía ya dos años de haber retomado las exploraciones, que venían haciéndose desde los 90. En junio de 2008, la minera informó que suspendía actividades en el país. Pacific Rim se apoyó en prácticas clientelistas para ganar apoyo entre los Alcaldes, líderes religiosos y, las Asociaciones de Desarrollo. Es una región con poca tradición organizativa y una cultura política conservadora. El recuerdo de la guerra aumenta el temor de que la protesta social se convierta en violencia.
En 2008 se vieron los primeros efectos ambientales de la minería. Decenas de pozos comenzaron a secarse en los municipios de San Isidro, Sensuntepeque y otros. La falta de agua afectó finqueros tradicionalmente favorables al partido. La Conferencia Episcopal anunció su rechazo a la minería y comenzaron a sumarse al movimiento sacerdotes. Creció la base del movimiento y el presidente Saca dejó la decisión a su sucesor.
Pacific Rim suspendió actividades en 2008, pero hubo consecuencias en el departamento de Cabañas: amenazas y agresiones contra los que se oponían a la minera. Hubo tres asesinatos de activistas. Unos ataques iban dirigidos al movimiento popular más amplio. La lucha contra la minería fue un cambio en la cultura política del Departamento. Según un habitante de San Isidro: “aquí es nuevo que haya una manifestación en las calles. Nosotros lo hemos iniciado. Aquí antes eso no se veía”. Es posible, que los poderes tradicionales se sientan amenazados por la aparición de una políticá popular en Cabañas.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continued to address the Pacific Rim case and Salvadoran sovereignty. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

U.S./El Salvador Report 6/9/12

Producer/Host: Kathleen March

Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we give reactions to the decision regarding the Pacific Rim suit against the country. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Es de enorme importancia para El Salvador y los Estados miembros del CAFTA, la decisión del tribunal que decide el arbitraje iniciado por la empresa minera Pacific Rim. Se ha emitido una decisión desestimando los reclamos interpuestos por Pacific Rim, que trata de apoyarse en el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, la República Dominicana, y los Estados Unidos. Los reclamos bajo la Ley de Inversiones de El Salvador pasarán a la siguiente etapa; en ella se decidirá el fondo de la disputa.
El Salvador invocó éxito con la cláusula de Denegación de Beneficios del CAFTA, por la que el país puede denegar los beneficios de ese tratado a Pacific Rim. Esto incluiría el derecho a iniciar un arbitraje. Es la primera vez en la historia del arbitraje internacional que el Tribunal ha dado efecto a una cláusula diseñada para prevenir abusos cometidos por empresas que no tienen una verdadera relación con los países firmantes del tratado que establece la jurisdicción para el arbitraje.
El tribunal ha determinado que los reclamos iniciados bajo la Ley de Inversiones de El Salvador deberán continuar a la siguiente etapa. Sin embargo, la Ley de Inversiones no permite llevar una disputa al arbitraje internacional, ya que la compañía canadiense no tiene acceso a CIADI por no ser Canadá Estado Contratante del convenio. El Fiscal General de la República, Barahona Meléndez, asegura que El Salvador seguirá defendiendo los intereses del Estado ante el Tribunal Internacional en la siguiente fase.
En las fases preliminares fue evidente la incapacidad de Pacific Rim de refutar la evidencia presentada por El Salvador: no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería de acuerdo con lo que exige la legislación salvadoreña. Así, Pacific Rim nunca habría podido obtener la concesión de conformidad con las leyes de El Salvador, y su demanda debería ser desestimada o rechazada.
También los Estados tienen potestad bajo el derecho internacional, reconocida en tratados como el CAFTA, para tomar medidas que juzguen necesarias si se trata de proteger el medio ambiente; esto incluye dedicar el tiempo necesario para estudiar las posibles consecuencias ambientales de las actividades reguladas bajo el tratado.
Pero en el periódico ContraPunto Luis Francisco López ha afirmado que la decisión del CIADI ha sido silenciada en los medios de comunicación y eso debería crear desconfianza. Según la Fiscalía General de la República la decisión se presenta como un éxito del Estado salvadoreño y derrota para Pacific Rim, pero el arbitraje continúa – puede haber un fallo por $120 millones de indemnización para la minera canadiense.
En el Arbitraje Internacional ha habido dos etapas decisivas; una, la de las Objeciones Preliminares, en la cual El Salvador, alegó que la demanda de Pacific Rim era frívola y que el caso no debía ser admitido. El Tribunal dictaminó en agosto de 2010 “que no considera que El Salvador haya demostrado que estas reclamaciones sean frívolas y que el caso debería seguirse conociendo”. En la segunda fase, que acaba de concluir, El Salvador puso cuatro objeciones: La desestimación del caso, en virtud que Pacific Rim había abusado del proceso; La prescripción del derecho a demandar; Que la ley de Inversiones de El Salvador, no le otorga jurisdicción al CIADI; y La negación de los beneficios que otorga el CAFTA-DR, ya que Pacific Rim es propiedad de inversionistas canadienses y Canadá no es un país Parte.
Sólo se admitió la tesis de que la empresa Pacific Rim es controlada por capital canadiense y Canadá no es miembro CAFTA-DR; pero fue rechazada la tesis que El Salvador niega la jurisdicción CIADI en virtud de la Ley de Inversiones. Cualquier inversionista puede demandar al Estado; la ley salvadoreña de inversiones protege al capital transnacional – es la visión neoliberal de ARENA de hace 12 años. La interpretación del CIADI crea un peligroso precedente: ahora cualquier inversionista extranjero que se sienta “acosado” por regulaciones nacionales puede demandar a El Salvador.
El CAFTA-DR, la Ley de Inversiones y el CIADI defienden el Sistema Capitalista, la inversión y el mercado; no caben los Derechos Humanos o Ambientales. Estos foros arbitrales defenderán siempre la inversión transnacional capitalista, como ha pasado para Chile, Perú, Venezuela, Argentina y Paraguay.
Debemos reflexionar sobre lo que acontece en Washington, sede del CIADI, y reconocerle como instrumento jurídico de dominación, para “unir fuerza social con los que se oponen al Chaparral, al Cimarrón, a la Minería, a la privatización de la naturaleza y al falso desarrollo” dice López. Y dice que hay que exigir:
1. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva las demandas de inconstitucionalidad contra el CAFTA-DR interpuestas hace seis años por el Movimiento Social y por el FMLN.
2.Que la Asamblea Legislativa derogue el artículo 15 de la Ley de Inversiones y prohíba la minería metálica nacional; y que constituya una Comisión Especial para investigar quiénes son los funcionarios involucrados en lo que Pacific Rim llama “Autorizaciones presuntas” y cuál es la responsabilidad penal o civil que tienen.
3. Que el Ministerio de Economía reconozca que la Evaluación Ambiental Estratégica para el tema minería pierde vigencia con la última resolución del CIADI, porque ahora el Estado enfrenta la posibilidad “real” de seguir siendo demandado en vía doble, CAFTA-DR y Ley de Inversiones.
Termina afirmando el articulista: “Ello es necesario para tener un pueblo soberano, independiente y con viabilidad social en el corto plazo”.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we noted reactions to the decision regarding the Pacific Rim suit against the country. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.