U.S./El Salvador Report 6/9/12

Producer/Host: Kathleen March

Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we give reactions to the decision regarding the Pacific Rim suit against the country. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Es de enorme importancia para El Salvador y los Estados miembros del CAFTA, la decisión del tribunal que decide el arbitraje iniciado por la empresa minera Pacific Rim. Se ha emitido una decisión desestimando los reclamos interpuestos por Pacific Rim, que trata de apoyarse en el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, la República Dominicana, y los Estados Unidos. Los reclamos bajo la Ley de Inversiones de El Salvador pasarán a la siguiente etapa; en ella se decidirá el fondo de la disputa.
El Salvador invocó éxito con la cláusula de Denegación de Beneficios del CAFTA, por la que el país puede denegar los beneficios de ese tratado a Pacific Rim. Esto incluiría el derecho a iniciar un arbitraje. Es la primera vez en la historia del arbitraje internacional que el Tribunal ha dado efecto a una cláusula diseñada para prevenir abusos cometidos por empresas que no tienen una verdadera relación con los países firmantes del tratado que establece la jurisdicción para el arbitraje.
El tribunal ha determinado que los reclamos iniciados bajo la Ley de Inversiones de El Salvador deberán continuar a la siguiente etapa. Sin embargo, la Ley de Inversiones no permite llevar una disputa al arbitraje internacional, ya que la compañía canadiense no tiene acceso a CIADI por no ser Canadá Estado Contratante del convenio. El Fiscal General de la República, Barahona Meléndez, asegura que El Salvador seguirá defendiendo los intereses del Estado ante el Tribunal Internacional en la siguiente fase.
En las fases preliminares fue evidente la incapacidad de Pacific Rim de refutar la evidencia presentada por El Salvador: no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería de acuerdo con lo que exige la legislación salvadoreña. Así, Pacific Rim nunca habría podido obtener la concesión de conformidad con las leyes de El Salvador, y su demanda debería ser desestimada o rechazada.
También los Estados tienen potestad bajo el derecho internacional, reconocida en tratados como el CAFTA, para tomar medidas que juzguen necesarias si se trata de proteger el medio ambiente; esto incluye dedicar el tiempo necesario para estudiar las posibles consecuencias ambientales de las actividades reguladas bajo el tratado.
Pero en el periódico ContraPunto Luis Francisco López ha afirmado que la decisión del CIADI ha sido silenciada en los medios de comunicación y eso debería crear desconfianza. Según la Fiscalía General de la República la decisión se presenta como un éxito del Estado salvadoreño y derrota para Pacific Rim, pero el arbitraje continúa – puede haber un fallo por $120 millones de indemnización para la minera canadiense.
En el Arbitraje Internacional ha habido dos etapas decisivas; una, la de las Objeciones Preliminares, en la cual El Salvador, alegó que la demanda de Pacific Rim era frívola y que el caso no debía ser admitido. El Tribunal dictaminó en agosto de 2010 “que no considera que El Salvador haya demostrado que estas reclamaciones sean frívolas y que el caso debería seguirse conociendo”. En la segunda fase, que acaba de concluir, El Salvador puso cuatro objeciones: La desestimación del caso, en virtud que Pacific Rim había abusado del proceso; La prescripción del derecho a demandar; Que la ley de Inversiones de El Salvador, no le otorga jurisdicción al CIADI; y La negación de los beneficios que otorga el CAFTA-DR, ya que Pacific Rim es propiedad de inversionistas canadienses y Canadá no es un país Parte.
Sólo se admitió la tesis de que la empresa Pacific Rim es controlada por capital canadiense y Canadá no es miembro CAFTA-DR; pero fue rechazada la tesis que El Salvador niega la jurisdicción CIADI en virtud de la Ley de Inversiones. Cualquier inversionista puede demandar al Estado; la ley salvadoreña de inversiones protege al capital transnacional – es la visión neoliberal de ARENA de hace 12 años. La interpretación del CIADI crea un peligroso precedente: ahora cualquier inversionista extranjero que se sienta “acosado” por regulaciones nacionales puede demandar a El Salvador.
El CAFTA-DR, la Ley de Inversiones y el CIADI defienden el Sistema Capitalista, la inversión y el mercado; no caben los Derechos Humanos o Ambientales. Estos foros arbitrales defenderán siempre la inversión transnacional capitalista, como ha pasado para Chile, Perú, Venezuela, Argentina y Paraguay.
Debemos reflexionar sobre lo que acontece en Washington, sede del CIADI, y reconocerle como instrumento jurídico de dominación, para “unir fuerza social con los que se oponen al Chaparral, al Cimarrón, a la Minería, a la privatización de la naturaleza y al falso desarrollo” dice López. Y dice que hay que exigir:
1. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva las demandas de inconstitucionalidad contra el CAFTA-DR interpuestas hace seis años por el Movimiento Social y por el FMLN.
2.Que la Asamblea Legislativa derogue el artículo 15 de la Ley de Inversiones y prohíba la minería metálica nacional; y que constituya una Comisión Especial para investigar quiénes son los funcionarios involucrados en lo que Pacific Rim llama “Autorizaciones presuntas” y cuál es la responsabilidad penal o civil que tienen.
3. Que el Ministerio de Economía reconozca que la Evaluación Ambiental Estratégica para el tema minería pierde vigencia con la última resolución del CIADI, porque ahora el Estado enfrenta la posibilidad “real” de seguir siendo demandado en vía doble, CAFTA-DR y Ley de Inversiones.
Termina afirmando el articulista: “Ello es necesario para tener un pueblo soberano, independiente y con viabilidad social en el corto plazo”.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we noted reactions to the decision regarding the Pacific Rim suit against the country. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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