Category: U.S./El Salvador Report

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic today is the concern for Salvadoran prison conditions. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Nelson Rauda, jefe del sistema carcelario salvadoreño, reconoce que Honduras es “una alerta” para su país porque El Salvador duplica el nivel de hacinamiento en comparación al país vecino. Las cárceles tienen capacidad para 8,110 reos pero actualmente hay 23,840: más del 300% de la capacidad real. Las prisiones de alta peligrosidad son controladas por el ejército desde junio, como medida de emergencia.
Según el diputado Remberto González, “La situación es crítica, hay celdas para cuatro personas y meten treinta o cuarenta. Las prisiones en Centroamérica son una bomba de tiempo”, afirma, aunque no incluye a Costa Rica por no conocer su sistema penitenciario. González hizo un llamado a las autoridades penitenciarias diciendo que “¿Cómo es posible que se tenga a la gente expuesta de esa manera?, aquí no se trata si son culpables o no, se trata de derechos que ellos tienen como humanos, es inaudito. Las cárceles deben servir para reformar a la gente hacia el bien y no al revés” y cree que hay que mejorar sistema penitenciario regional. “Para evitar el hacinamiento, porque los reos van a seguir llegando, hay que buscar la manera en que los que ya están allí salgan pronto, los que pueden salir, y las granjas agrícolas, por ejemplo, son una buena alternativa”, dice el diputado del Parlacen por ARENA.
En Comayagua, los reos calcinados estaban en una prisión bajo el concepto de granjas para aprender oficios y poder reintegrarse pronto a la sociedad. El viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, lamenta lo de Honduras, y asegura que en El Salvador hay medidas para evitar situaciones similares. “El sistema carcelario nuestro tiene una coordinación con bomberos y con la Fuerza Armada, que podría evitar una catástrofe de esa naturaleza”, dice. Rauda insiste que el problema también es responsabilidad del órgano judicial, de la Fiscalía General. “En los centros penales salvadoreños no existían extintores de fuego, y desde la administración de Douglas Moreno como director, implementamos medidas para que haya un número de extintores de fuego en cada penal… En la escuela penitenciaria se hicieron pequeños módulos de entrenamiento para que se pueda intervenir en sofocamiento de fuego sin perder el control”, asegura. Notó que después de la tormenta Agata, el presidente Funes ordenó que se instauraran los Comités Departamentales de Protección Civil, “y los 19 directores de los centros penales del país están integrados al Sistema de Protección Civil”.
Según Benito Lara, diputado del FMLN en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, esto es resultado de políticas “que no han logrado tener resultados positivos en materia de seguridad pública”. En la tragedia de Honduras “está claro que si no se adoptan políticas integrales el éxito que alcancen en algún momento otras instituciones se traduce en el dolor de cabeza del sistema penitenciario”.
El diputado César Reyes Dheming, de ARENA, dice que es necesario aprender de los errores de las autoridades hondureñas para evitar que haya situaciones similares en El Salvador. “El sistema penitenciario nuestro adolece de peores problemas, está peor que el hondureño. Aquí hay alrededor de 25 mil internos en centros penales, y casi 2,500 detenidos en las bartolinas policiales en fila para ingresar a las cárceles, lo que demuestra la gravedad del hacinamiento”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advierte que es puede ser necesario aumentar la capacidad carcelaria y la implementación de alternativas a la prisión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ya expresó este mes gran preocupación por las condiciones inhumanas de los penales salvadoreños. Roberto Garretón, integrante del Grupo, dijo que durante la semana que duró su misión, la delegación actuó con total libertad y conversó con representantes públicos y civiles, víctimas, presos y sus familiares. Vieron la preocupación del gobierno por la situación carcelaria, que describió como muy deprimente. Observó: “… hay cárceles que están más sobrecargadas que otras, y en las que están más sobrecargadas, el nivel de desesperación de los reos es muy grande, además de que muchos de ellos se sienten inocentes”, dijo. Muchos internos siguen encarcelados aun después de haber cumplido sus condenas.
El Grupo recomendó a las autoridades salvadoreñas aumentar el número de jueces responsables de la vigilancia del cumplimiento de sentencias y dijo que los detenidos deben ser presentados pronto ante un juez. Sugirió que El Salvador ratificara el Protocolo Opcional a la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y que hubiera regulas en la detención en hospitales siquiátricos.
Las 28 cárceles de El Salvador oficialmente pueden admitir a 9.060 reclusos, pero en diciembre del 2010 el número oficial de presos era 24.283: una ocupación de más del 253,5%, frente al 138% en Honduras.

This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today’s topic was the concern for Salvadoran prison conditions. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities

Producer/Host: Kathleen March
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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we note that one of the accused in the 1989 assassination of six Jesuit priests has been charged in Boston. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Inocente Orlando Montano, uno de los militares acusados del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y sus dos colaboradoras, fue acusado de varios cargos en Boston. Si es condenado, podría recibir hasta 40 años de cárcel. Se dice que ha violado la ley migratoria de Estados Unidos, con declaraciones falsas y delitos de perjurio en cuanto a su estatus migratorio. Vive en Boston desde hace diez años.
Montano tiene 69 años. Durante la guerra civil (1980-1992) fue coronel y viceministro de Defensa de El Salvador. Las autoridades migratorias y de seguridad de Estados Unidos descubrieron que había negado su participación en la institución de su país y el haber sido entrenado en el uso de armas durante la guerra.
Montano ya había sido condenado a libertad vigilada el pasado agosto, por hacer declaraciones falsas y mentir ante las autoridades estadounidenses. Ya ha sido acusado por la Audiencia Nacional de España en el proceso del juez Eloy Velasco, quien en 2011 emitió una orden internacional de captura para él y otros 19 militares acusados de la masacre. Sin embargo, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, ha dicho que las autoridades salvadoreñas no permitirán la extradición de los militares.
La semana pasada la Corte Suprema citó a los acusados por la justicia española con el objetivo de escuchar sus testimonios antes de anunciar su decisión. Entre los siete militares que no han sido requeridos por España está René Emilio Ponce, por haber fallecido. Tampoco está Montano, por estar todavía en el trámite judicial en los Estados Unidos, que ha recibido la petición de extradición la justicia española. Hay cinco militares más. Se cree que uno está en Estados Unidos y los demás o están en lugar desconocido o están colaborando con el juez.
El informe de la Comisión de la Verdad identifica a Montano y a otros militares como responsables de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de ésta. El texto del documento de la Comisión de la Verdad afirma: “El entonces Coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano, y el Coronel Francisco Elena Fuentes, dio al Coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al Sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Para ello dispuso la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos días antes se había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes”. Gilberto Rubio Rubio , Oscar Alberto León Linares, Manuel Antonio Rivas, Nelson Iván López y López y Rodolfo Antonio Parker Soto (actual secretario general del Partido de la Esperanza), pertenecen al grupo de los que ocultaron la verdad sobre la masacre según la comisión de la ONU que investigó los crímenes de la guerra salvadoreña.
El Caso Jesuitas, iniciado por la querella ante la Audiencia Nacional de España, podría depender de que Estados Unidos conceda la extradición de Montano a ese país, si la Corte Suprema de El Salvador se niega a entregar a los otros acusados.
Se dice que Montano mintió al ocultar su pasado militar en El Salvador en el formulario para conseguir un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El TPS permite a los extranjeros vivir en Estados Unidos si declaran que su seguridad no está garantizada en su país de origen, por guerra, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Los solicitantes deben informar sobre su pasado como miembros de las fuerzas de seguridad. Montano fue viceministro de Seguridad Pública hacia el final de la guerra civil y durante un período breve posteriormente.
Además de 40 años de cárcel, Montano podría tener que pagar una multa de 1 millón 250 mil dólares y después sería deportado a El Salvador. Fue detenido por las autoridades migratorias en agosto de 2010; en diciembre de 2011 fue acusado por el tribunal de Massachusetts. Se declaró inocente el 11 de enero de 2012 del delito de perjurio. Montano ocultó su pasado militar en El Salvador para conseguir el TPS; omitió que él fue Viceministro de Defensa. Al comienzo, Montano pensó en declararse culpable.
Después de la presentación de cargos por el jurado de investigación, el caso se presentará a juicio; aún no hay fecha concreta. El cargo de perjurio se debe a que Montano fue miembro del grupo militar conocido como “La Tandona”, lo que negó en su solicitud.
La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we reported that one of the accused in the 1989 assassination of six Jesuit priests has been charged in Boston. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March
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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we note the latest act of aggression against anti-mining environmentalists in the country, this time a priest. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
Dos jóvenes, con aspecto de estudiantes universitarios, llegaron a la casa del padre Santos Neftalí Ruíz Martínez el 20 de enero al mediodía y pidieron que él les diera información sobre su trabajo ambiental en el departamento de Cabañas. Decían que querían entrevistarlo sobre el tipo de trabajo que desempeña en el Comité Ambiental de Cabañas. En realidad querían robarle la información que tuviera sobre esa labor. Neftalí, joven sacerdote de la iglesia Católica Apostólica Salvadoreña, es el secretario de la junta directiva de la asociación Comité Ambiental de Cabañas y miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería. El sacerdote los había invitado su casa, por no llevar su ordenador portátil en la calle, lugar no muy seguro. Los jóvenes sacaron un arma de fuego y una navaja, lo ataron y lo tiraron a la cama, donde estuvo varias horas. Le preguntaron dónde tenía las armas de fuego, pero el sacerdote insistió que no tenía. Los jóvenes pusieron música, y uno revisó la información del ordenador, los discos, las memorias USB, teléfonos celulares y documentos de identidad personal. Después, se llevaron todo en una maleta. También, cuando no encontraron armas, llamaron a alguien para informar que él “estaba limpio”, aunque si fuera necesario se la “iban a aplicar (asesinar)”.
David Pereira, de la Mesa Nacional Frente a la Minería, dijo que este acto fue para “intimidarnos para aflojar nuestra resistencia a la minería metálica”, ya que uno de los principales trabajos del CAC es precisamente detener la explotación minera en Cabañas y en El Salvador en general. “Este nuevo atentado contra la vida, la integridad y el trabajo de la Asociación Comité ambiental de Cabañas y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, nos obliga una vez más a expresar nuestro enérgico rechazo y a condenar la ola de persecución contra ambientalistas y defensores de Derechos Humanos que como el Padre Neftalí, han sufrido vejámenes similares desde el inicio de la lucha anti minera en El Salvador”, ha afirmado la asociación.
Se exige a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República que investiguen el asunto para que no haya más consecuencias, como ha ocurrido con los asesinatos de cuatro ambientalistas y activistas. En 2009 murieron Dora Sorto, Ramiro Rivera y Marcelo Rivera. El asesinato más reciente fue en junio de 2011: el de Juan Francisco Durán Ayala, del Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura, el grupo que más ha trabajado en contra del proyecto minero El Dorado de la multinacional Pacific Rim.
Además de los ataques contra ambientalistas, el personal de Radio Victoria en Cabañas ha recibido amenazas de muerte desde 2006, sin que las autoridades salvadoreñas hayan descubierto nada concreto en cuanto a estos actos. Por eso la Mesa repitió su deseo de que “el Estado […] cumpla con la función en la búsqueda de garantías constitucionales para los ciudadanos de este país”; y exige que la PNC proteja a los habitantes de la zona que viven en constantes conflictos sociales por los proyectos mineros.
En 2011, se encontró el cadáver del activista anti-minería y defensor de los derechos humanos, Juan Francisco Durán Ayala, voluntario con el CAC, quien había estado el día anterior en Ilobasco, Cabañas, colocando pancartas contra la minería y la Pacific Rim. En diciembre del 2009 los activistas Ramiro Rivera y Alicia Recinos Sorto, opositores de la operación minera de El Dorado en Cabañas, fueron asesinados en ataques separados. Después el personal de la emisora de Radio Victoria, radio local, recibió amenazas de muerte cuyos autores reivindicaban a los asesinatos de Rivera y Recinos. Cuando murió, esta última estaba embarazada de ocho meses y llevaba en brazos a un hijo de dos años.
La mina de El Dorado a la que se oponen los activistas no está operando en este momento porque hay un proceso judicial en curso. Pacific Rim, compañía minera de Canadá, quiere reabrir la mina a pesar de la oposición local. Primero dejó de operar por las protestas, y después el gobierno salvadoreño le negó el permiso a finales de 2008. El presidente Funes declaró su oposición al proyecto durante su campaña presidencial del año 2009. Pacific Rim empezó un proceso contra el gobierno salvadoreño, pidiendo millones de dólares en compensación.
Se cree que el ataque contra el Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez es resultado de su trabajo en defensa de los derechos humanos, particularmente del derecho a un medio ambiente sano. Estos actos son parte de la intimidación en contra de los activistas anti-minería en El Salvador. Varias organizaciones han expresado su preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos en la zona de Cabañas y la de sus familias.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we reported on the latest act of aggression against anti-mining environmentalists in the country, this time a priest. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we note the relationship that appears to exist between the Mitt Romney fortune and the funding of death squads in El Salvador, via Bain Capital. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El candidato republicano a la presidencia estadounidense Mitt Romney tiene algo que ver con la violenta guerra civil de El Salvador? Hay la polémica de los impuestos que paga por su patrimonio y la del empleo generado o destruido durante su gerencia de la empresa Bain Capital, y ahora ha aparecido una nueva denuncia. Según un artículo en Salon, la empresa Bain fue financiada al comienzo por familias que parecen estar vinculadas a los escuadrones de la muerte que actuaron en El Salvador durante los 80 y parte de los 90.
En cuanto a Bain Capital, no se han revelado los nombres de sus inversores iniciales, aunque en 1994, cuando Romney se enfrentaba a Ted Kennedy por un puesto de Senador, el Boston Globe describe una reunión de uno de los ejecutivos de Bain con varias familias salvadoreñas que querían invertir en empresas estadounidenses ante los problemas que asediaban el país centroamericano. Entre esas familias había cuatro miembros de la familia de Sola. Orlando de Sola, uno de ellos, era un empresario de derechas que tenía una idea “autoritaria” de la política salvadoreña y también mantenía una relación muy amistosa con el conocido (y ahora desprestigiado) Roberto D’Aubuisson.
D’Aubuisson, antiguo espia que había sido entrenado por los estadounidenses, era reconocido como un hombre íntimamente asociado con, si no fundador de, los escuadrones de muerte de extrema derecha. Estos escuadrones habían sido financiados en parte por las grandes oligarquías salvadoreñas en colaboración con la administración del presidente Ronald Reagan, quien tenía miedo de que el comunismo entrara en Estados Unidos por el patio trasero de América Central.
En aquel momento, Romney negó que existiera esa relación; en sus palabras: “investigamos la integridad de los individuos y observamos cualquier signo de actividad ilegal y problemas en su historial, y no encontramos ninguno”. Se ha señalado que en esa declaración el político mormón también llegó a declarar que no se investigaba a los parientes políticos ni a otros, más lejanos. Ninguno de los implicados en la relación entre los dos países, la empresa Bain y la oligarquía salvadoreña ha hecho comentario sobre las conexiones entre los escuadrones de la muerte y la empresa que hizo rico a Romney. Se espera que surja más información…
Romney fue primero ejecutivo de Bain & Company y luego fundador y presidente de su filial Bain Capital que está en séptimo lugar entre las diez mayores empresas de inversión privadas en Estados Unidos. La fortuna que Romney hizo con Bain le permitió pagarse las campañas de su carrera política. El método de Bain Capital es típico: atraer inversionistas para la compra de empresas con problemas financieros; ofrecer a los ejecutivos de esas compañías cantidades sólidas del capital accionarial; reorganizar las operaciones, incluyendo con el despido de trabajadores; y vender las entidades cuando se vuelven lucrativas.
Después de inversionista, Romney fue gobernador de Massachusetts, y en su campaña ha asegurado que sabe mejor que nadie cómo crear puestos de trabajo para los estadounidenses, habiendo creado más de 170.000 como gobernador. Uno de los rivales, el gobernador de Texas, Rick Perry, hablando de su pasado en Bain Capital, ha llamado su método como “capitalismo buitre”, que según Perry contrasta con el verdadero capitalismo productivo.
Uno de sus rivales, Newt Gingrich, dijo que “quienes creen que la meta de la inversión es el fomento de la empresa privada y la creación de empleos encontrarán difícil justificar que los ricos encuentren vías astutas para saquear una compañía, dejando atrás a 1.700 familias sin empleo”.
Hace cinco años, durante su primera campaña presidencial, Romney habló de los accionistas centroamericanos en Bain, tratando de atraer al voto hispano. En un banquete de ese año, Romney nombró a cinco de los socios originales, aunque la familia de Sola no estaba en la lista. También ese año, observó que las inversiones para Bain habían venido principalmente de América Latina, de El Salvador, Guatemala, Colombia y Ecuador – cosa que en su opinión significaba una estrecha relación con los latinoamericanos… y Baine sigue siendo una “caja negra”, una empresa misteriosa. En el futuro se sabrá más.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we discussed the relationship between the Mitt Romney fortune and the funding of death squads in El Salvador, via Bain Capital. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities. 1?

Producer/Host: Kathleen March

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This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic this week is the public apology delivered by President Funes to the families of the nearly 1,000 victims of the El Mozote massacre 30 years ago. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
El presidente salvadoreño Mauricio Funes, a los 20 años de posguerra, se pronunció en contra de los sectores más derechistas y militaristas del país. Incluyó los cargos y los nombres de los oficiales responsables de la masacre de El Mozote, con un saldo de casi mil asesinados; la mitad eran menores de edad, otros estaban a punto de nacer y otros fueron arrancados de los brazos de las madres. Los militares nombrados fueron el Teniente Coronel Domingo Monterrosa; el Mayor José Armando Azmitia Melara y el Mayor Natividad de Jesús Cáceres, jefes del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “Atlacatl”, entrenado en las bases de Estados Unidos en el método de “tierra arrasada” que se empleó en Vietnam. La población fue llevada al centro de los pueblos, donde mataron a los hombres. Las mujeres y niñas eran violadas antes de ser ametralladas; los niños fueron encerrados en el convento, donde fueron ametrallados y quemados con lanzallamas.
Después de 30 años, el presidente ordenó al actual mando militar hacer una revisión de la interpretación de la Fuerza Armada del hecho y que se reconociera que fue un acto de “barbarie”. Al fallecido Roberto D´Aubuisson, incluido en investigaciones como el autor intelectual del asesinato del Arzobispo Oscar Romero, se le erigen monumentos, plazas públicas y se le hacen otros homenajes, aunque fue fundador de los escuadrones de la muerte. Los guerrilleros Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, responsables del asesinato del escritor Roque Dalton también han recibido reconocimientos; Villalobos es asesor antidrogas del presidente mexicano Felipe Calderón, y Meléndez, Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad, del propio Funes. La familia de Dalton ha iniciado un proceso judicial en contra de Villalobos y Meléndez, pero los acusados están protegidos por sus mandatarios.
Sin embargo, la acción de Funes puede hacer que la impunidad realmente sea apartada de la historia salvadoreña, creen algunos. Dijo Funes: “Como Jefe de Estado, pido también a las organizaciones civiles y a las autoridades nacionales involucrados en el tema de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República, a los jueces y magistrados del Órgano Judicial, que contribuyan con su acción a favorecer el combate de la impunidad en el país. Y pido a los miembros actuales y futuros de la Asamblea Legislativa que legislen con sabiduría, que revisen lo que haya que revisar, para impedir la impunidad”. El discurso de Funes debe convertirse en acciones. Hubo 75.000 muertos de la guerra y 40.000 en la posguerra.
Afirmó Funes: “Como jefe de Estado, como presidente constitucional de la República, reconozco que en cantones El Mozote, El Pinalito, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La Joya y Cerro Ortiz, días y noches de 10,11, 12 y 13 de diciembre de 1981 tropas de infantería del Batallón … asesinaron a cerca de un millar de personas. En nombre del Estado pido perdón por esa masacre y por aberrantes violaciones a derechos humanos y abusos perpetrados”. Además de pedir la revisión del informe de la Comisión de la Verdad, Funes anunció medidas de reparación moral y económica para los familiares de las víctimas.
Habrá un censo para conocer el número exacto de víctimas de la masacre y para determinar las principales necesidades de sus comunidades. Se ha declarado bien estructural el lugar donde ocurrió la matanza de civiles, a fin de reivindicar el caserío El Mozote. Se instalará un equipo comunitario de salud para proporcionarles servicios médicos a sus habitantes, que actualmente sólo reciben atención médica dos veces al mes. También se apoyará al sector productivo de la zona.
En Obras Públicas, se invertirán $6.4 millones en vías para la zona y se iniciarán trabajos de pavimentación de vías centrales. Se pondrá en marcha un proyecto de vivienda, para alojar a las personas de la tercera edad. En el área educativa, el Centro Escolar El Mozote recibirá 20 computadoras y habrá sesiones de informática para los docentes. Se proyecta el mejoramiento del servicio de agua potable y un desarrollo integral. Habrá un programa nacional para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Se creará una Secretaría Ejecutiva, que tendrá una comisión para desarrollar políticas y su implementación.
El presidente pidió que no se exaltasen los nombres de personas que pudieran estar relacionadas con violaciones de derechos humanos, ya que la mejor manera de conmemorar el aniversario es avanzar en el reconocimiento de la verdad y hacer valer la justicia. “No habrá paz, mientras no haya justicia, justicia que promueva la verdad y se otorgue resarcimiento”, afirmó.
El alcalde de Meanguera, Mauricio Díaz, agradeció al presidente Funes el acto de conmemoración y dijo que los Acuerdos de Paz habían sido “sellados con sangre de héroes y heroínas”. Pidió que se identifique a los responsables de la masacre de El Mozote. Dorila Márquez de Márquez, quien perdió a varios familiares en la masacre de Morazán, recordó en un discurso a las 936 personas asesinadas: 450 menores de 12 años, y más de 300 adultos – 192 mujeres, 154 hombres y 58 ancianos. “Pedimos justicia y reparación, … queremos perdonar pero tenemos que saber a quién. Es un acto simbólico e importante que el presidente Funes venga a pedir perdón, es algo que hemos pedido como medida de reparación simbólica”, expresó Dorila pidiendo que masacre fuera investigada.
El Presidente reconoció que fueron miembros del Batallón Contrainsurgente Atlacatl los que cometieron los asesinatos en El Mozote.??Acusó a los 3 máximos jefes de ese batallón, ya acusados en un informe de 1993, como responsables de la masacre. Señaló que en tres días de diciembre de 1981 el ejército salvadoreño asesinó a cerca de mil personas en El Mozote, La Joya y Los Toriles. Las tropas del Batallón Atlacatl entraron en El Mozote para exterminar a la guerrilla Farabundo Martí de Liberación Nacional, pero asesinaron a los civiles.
Después de anunciar medidas de reparación que habían sido comunicadas tras el inicio a comienzos de diciembre de un diálogo entre el Gobierno y los representantes de las víctimas, el presidente ordenó a fiscales y a los jueces salvadoreños a que “revisen lo que tengan que revisar” para terminar con la impunidad en el país.??De hecho, ningún militar ha sido enjuiciado por los crímenes cometidos durante la guerra civil, conflicto que finalizó hace 20 años con la intervención de la Organización de Naciones Unidas.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic this week was the public apology delivered by President Funes to the families of almost 1,000 victims of the El Mozote massacre 3 decades ago. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.